El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial determinó la necesidad urgente de que el Estado incremente el presupuesto del Órgano Judicial a un mínimo del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN). Esta asignación es considerada vital para consolidar la independencia judicial y lograr que el Órgano Judicial se desligue del poder político. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, señaló que no es sostenible continuar pidiendo recursos anualmente al Ministerio de Economía, arriesgando el funcionamiento básico de la justicia.

Una de las conclusiones clave del encuentro fue el acuerdo para exigir la cesación inmediata de los magistrados que se encuentran autoprorrogados y siguen ejerciendo funciones pese a que su mandato constitucional concluyó en diciembre de 2023. Estas autoridades judiciales llevan ya 23 meses en sus cargos sin el respaldo de un nuevo proceso electoral. Este punto es fundamental en la ruta trazada para la reforma, buscando la institucionalidad y el cumplimiento estricto de la Constitución.

Las máximas autoridades del Órgano Judicial, incluyendo los presidentes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, coincidieron con el TSJ en la necesidad de separar la justicia de la política. El presidente Saucedo enfatizó que un presupuesto limitado no es compatible con la independencia judicial, ya que los obliga a "extender la mano" al Ministerio de Economía cada año. Este ciclo de dependencia compromete la capacidad operativa y la toma de decisiones autónomas del sistema de justicia.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, expresó su apoyo público a promover una reforma judicial profunda y anunció que coadyuvará en los cambios necesarios para impulsar la justicia en Bolivia. Entre sus anuncios, destacó el desarrollo de un nuevo sistema digital de expedientes para evitar el extravío de documentos en juzgados. El mandatario felicitó al presidente del TSJ, Romer Saucedo, por su labor como uno de los principales artífices de la construcción de un nuevo futuro en la justicia boliviana.