La reciente desaparición de 39 paquetes de droga, tras un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), no solo evidencia una grave irregularidad, sino que también desnuda la falta de equidad en la justicia boliviana.

¿Cómo puede explicarse que en un caso tan evidente de corrupción, los responsables no enfrenten las mismas consecuencias que cualquier ciudadano común por un delito menor?

Un detenido por narcotráfico, Sebastián Y. O., aseguró que transportaba 58 paquetes de cocaína, pero las autoridades inicialmente reportaron solo 19.

Posteriormente, los paquetes faltantes aparecieron en lugares distintos dentro del vehículo, lo que ha levantado sospechas sobre el proceder de los policías.

La inconsistencia en los informes y la falta de acción inmediata contra los uniformados implicados muestran la debilidad de un sistema judicial que parece más protector de los poderosos que de los principios de justicia.

La ciudadanía exige que estos policías sean tratados como lo que parecen: traficantes de droga que utilizan el uniforme como escudo.

El director de la Felcn debería renunciar, y el ministro del área debería solicitar su dimisión en lugar de limitarse a pedir informes.

La impunidad que envuelve el caso solo refuerza la percepción de que la corrupción alcanza los niveles más altos de la institución.

Es inaceptable que un delito tan evidente quede sin sanción. Los químicos presentes en la droga son fácilmente detectables; por lo tanto, es difícil creer en la versión de que no fueron encontrados.

Si los superiores no procesan a los responsables, esto solo podría significar que también están implicados en el encubrimiento.

La justicia debe ser imparcial, y las autoridades tienen la obligación de demostrar que ningún uniformado está por encima de la ley.

Este caso debe sentar un precedente claro: la corrupción y el abuso de poder no pueden ser tolerados.