Los exportadores madereros bolivianos solicitaron al Gobierno activar mecanismos diplomáticos para evitar la destrucción de cargamentos de madera retenidos en puertos de Chile y pidieron una tercera evaluación que permita determinar si la mercancía contiene o no sustancias ilícitas.

Mario Rojas, presidente del Comité de Madera de la Cámara de Exportadores de La Paz (Camex), explicó que el sector busca una contraprueba independiente debido a las diferencias existentes entre los resultados de los análisis realizados por expertos vinculados al caso.

“Estamos pidiendo la contraprueba, estamos pidiendo que una tercera institución sea quien pueda definir si existe o no existe droga. Nosotros decimos una cosa con los expertos que tenemos y el Instituto de Salud Pública dice otra cosa”, afirmó Rojas.

El conflicto involucra a 59 contenedores de madera boliviana retenidos en puertos chilenos. Según la Cámara Nacional de Exportadores (CANEB) y la Red de Cámaras Departamentales de Exportadores, durante septiembre las autoridades chilenas destruyeron seis contenedores.

Los exportadores cuestionan la destrucción de la mercancía porque consideran que esto podría eliminar elementos relevantes para esclarecer el caso y respaldar los recursos presentados ante las autoridades.

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota dispuso el pasado 21 de septiembre la suspensión temporal de nuevas destrucciones mientras resuelve los recursos pendientes. El sector exportador pidió que esta medida se mantenga hasta contar con una evaluación independiente.

Rojas también expresó preocupación por la continuidad del procedimiento y pidió la intervención de los gobiernos de Bolivia y Chile para activar mecanismos diplomáticos que permitan frenar la destrucción de los cargamentos.

Por su parte, CANEB y las cámaras departamentales de exportadores plantearon la posibilidad de acudir a instancias y tribunales internacionales si el conflicto no encuentra una solución mediante los mecanismos correspondientes.

El sector exportador sostiene que su principal pedido es preservar la mercancía y permitir una evaluación técnica adicional antes de continuar con su destrucción, con el objetivo de contar con elementos suficientes para establecer qué ocurrió con los cargamentos bolivianos.