Fiscalía activa alerta migratoria y sello rojo contra Eduardo del Castillo
El fiscal general del Estado en suplencia, José Armando Urioste, informó que se activaron alertas migratorias y una notificación de sello rojo contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, mientras continúan las labores de búsqueda por dos procesos que lo involucran.
“Se han librado alertas migratorias, movimiento de allanamientos, todas esas cosas están liberadas. Hay alerta, sello rojo”, manifestó Urioste.
La búsqueda continúa pese a los operativos policiales y allanamientos realizados en inmuebles relacionados con la exautoridad en la ciudad de La Paz. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la Policía todavía no había encontrado a Del Castillo y que no podía confirmar si permanecía en territorio boliviano.
Dos procesos involucran al exministro
Uno de los casos corresponde al juicio oral por la asonada militar del 26 de junio de 2024, cuando el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga encabezó una movilización militar en la plaza Murillo.
Según informó el abogado Eduardo León, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Del Castillo después de que no se presentara a declarar como testigo.
El segundo proceso corresponde a una investigación por presuntos nexos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Las pesquisas cobraron fuerza tras la difusión de un audio atribuido a Marset, en el que presuntamente habría señalado a Del Castillo por supuestos pagos a cambio de protección para sus actividades ilícitas en Bolivia.
Allanamientos en La Paz
En el marco de esta última investigación, la Policía y la Fiscalía realizaron allanamientos en propiedades relacionadas con la exautoridad.
El ministro de Gobierno informó, además, sobre el hallazgo de cuatro artefactos explosivos en una vivienda de Villa Copacabana, en La Paz, y la aprehensión de un exfuncionario de Del Castillo.
Hasta el momento descrito en el reporte, el exministro no había sido ubicado por las autoridades y su permanencia en territorio boliviano no había sido confirmada.
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