Ante la persistencia de los disturbios y destrozos en la sede de Gobierno, la Fiscalía Departamental de La Paz activó de manera oficial una comisión especial de fiscales de crisis y contingencia. El objetivo de este cuerpo multidisciplinario es atender con inmediatez los hechos delictivos derivados de las movilizaciones sociales, agilizar las investigaciones para evitar la retardación de justicia y asegurar la recolección oportuna de elementos probatorios en escenarios de emergencia.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que la comisión está integrada por fiscales de unidades especializadas en delitos contra la vida, violencia de género, anticorrupción e integridad personal, trabajando en coordinación con médicos forenses, peritos en criminalística, psicólogos y trabajadores sociales. La labor se ejecuta de manera conjunta con la Policía Boliviana, las Defensorías y el SLIM. Hasta el momento, el balance oficializado por el Ministerio Público detalla un total de 29 personas aprehendidas y 101 arrestadas durante los operativos desplegados en los puntos de conflicto. Torrez aclaró que varios de los arrestados recuperaron su libertad tras descartarse su participación directa en los desmanes, mientras se evalúa la situación jurídica de los aprehendidos para la correspondiente imputación formal.

Casos bajo la lupa: Financiamiento bajo sospecha y daños estatales Entre las investigaciones de oficio más relevantes que ha asumido la comisión especial, destaca la apertura de un proceso por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas contra cinco personas. Los sindicados fueron sorprendidos en un hotel cercano a la plaza Murillo en posesión de 243.000 bolivianos en efectivo, dinero que permanece secuestrado bajo la sospecha de estar destinado al financiamiento de los bloqueos y protestas callejeras.

Asimismo, la Fiscalía activó causas penales por el saqueo de comercios y robos agravados denunciados en la calle Mercado y en el edificio Ugarte. En el ámbito de la infraestructura pública, se indagan los daños perpetrados contra el sistema de transporte Mi Teleférico, las agresiones físicas a efectivos policiales y los ataques contra trabajadores de medios de comunicación. Finalmente, se abrieron expedientes por asociación delictuosa e instigación pública a delinquir tras los deterioros materiales sufridos en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), junto a un proceso específico por el delito de ultraje a símbolos nacionales debido a la quema y destrucción de una wiphala durante las marchas.