El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la exalcaldesa Mónica Eva Copa Murga y otros siete exservidores públicos de la entidad edil, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

La denuncia fue presentada por la actual administración municipal luego de detectar un presunto sobreprecio y desembolso irregular de más de Bs 2,1 millones a favor de la Empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trébol S.A.), encargada del servicio de aseo urbano y recojo de basura en El Alto.

Ever Erwin Apaza Gonzales, asesor del área penal de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección General de Asuntos Legales (DGAL), confirmó que la denuncia fue admitida y señaló que esta semana se emitirían las directrices de investigación para que los involucrados presten su declaración ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la denuncia, los exfuncionarios habrían aplicado un incremento retroactivo de tarifas a un servicio que ya había concluido. La planilla correspondiente al recojo de basura de marzo de 2026 había sido fijada inicialmente en Bs 15,4 millones. Sin embargo, después de la modificación del contrato suscrita el 24 de abril, la anterior gestión reliquidó el pago a Trébol S.A. por Bs 17,5 millones.

Según el GAMEA, esta operación generó un daño económico directo de más de Bs 2,1 millones al municipio.

Apaza explicó que para efectuar el pago se habría utilizado una conciliación o “amarre” de cifras con el argumento de que era posible realizar pagos retroactivos. De esta manera, se elevó el monto económico en aproximadamente Bs 2 millones, pese a que ese incremento no estaba contemplado en el presupuesto anterior y no existía certificación de disponibilidad presupuestaria para cubrirlo.

La acción legal se sustenta en la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, previsto en el artículo 154 del Código Penal, y Conducta Antieconómica, establecido en el artículo 224 del mismo cuerpo legal.

De acuerdo con la representación legal del municipio, el pago se habría realizado sin cumplir los plazos procedimentales establecidos por la normativa y pese a los rechazos del Ministerio de Economía.

El proceso penal se encuentra en etapa preliminar y ya se solicitó la asignación de un investigador. Asimismo, el GAMEA pidió requerimientos ante el SEGIP, SERECÍ, la Policía Boliviana y el REJAP para recabar los antecedentes de los involucrados y avanzar en la investigación del caso.