La Fiscalía Departamental de La Paz rechazó la denuncia por el delito de terrorismo en contra del exministro Juan Ramón Quintana, proceso iniciado en octubre de 2024 tras ser señalado por la Policía como uno de los presuntos instigadores de la violencia durante los bloqueos de caminos realizados ese año en demanda de la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial.

El fiscal del caso, Omar Condori, informó que la resolución que favorece a Quintana fue emitida en septiembre de 2025 por su antecesor. Explicó además que, dentro del mismo proceso, se emitió otra resolución de sobreseimiento por terrorismo respecto a los dirigentes Ramiro Cucho, Ponciano Santos Colque y Humberto Claros, quienes también estaban implicados en los hechos registrados en 2024.

No obstante, Condori aclaró que los tres dirigentes evistas sí fueron acusados y deberán enfrentar un juicio oral por los delitos de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, por las acciones que habrían dirigido durante los bloqueos y los ataques contra efectivos policiales y civiles.

Humberto Claros, quien cumple detención domiciliaria con derecho a salida laboral, evitó pronunciarse sobre el proceso y señaló que aún no fue notificado oficialmente, por lo que aguardará la recomendación de su abogado antes de emitir una postura.

Los dirigentes del evismo lideraron las medidas de presión luego del fallido operativo policial del 27 de octubre de 2024 para capturar a Evo Morales en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba. Tras ese hecho, seguidores del exmandatario irrumpieron en cuarteles, redujeron a policías y militares, tomaron armas y municiones, y quemaron dos camionetas utilizadas en el operativo.

En la resolución fiscal emitida el 25 de noviembre de 2025, se señala que los bloqueos, que se extendieron por 24 días en la carretera a Parotani, fueron dirigidos por Claros, Santos Colque y Cucho, generando un grave daño económico. El Ministerio Público concluyó que sus conductas se adecúan a los tipos penales de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, pero no al de terrorismo, al no existir suficientes elementos de convicción.

El fiscal Condori explicó que las resoluciones fueron emitidas en cumplimiento de un requerimiento del Juzgado Anticorrupción N° 8, ante el vencimiento de los plazos legales para concluir la investigación. Para este miércoles se anunció una conferencia de prensa en la Fiscalía para brindar mayores detalles sobre la situación jurídica de Quintana, quien podría ser procesado nuevamente debido a que el rechazo de la denuncia se debió a un tecnicismo jurídico, al no haber sido notificado formalmente ni haber prestado declaración.

Los acusados

Ponciano Santos Colque y Humberto Claros fueron exdirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), mientras que Ramiro Cucho fue Jilliri Apu Mallku del Conamaq. Al momento de emitir la resolución, la Fiscalía acumuló 97 indicios, incluidos informes de la Unidad de Cibercrimen sobre declaraciones públicas que habrían incentivado la violencia.

La principal demanda de las movilizaciones fue la habilitación de Evo Morales como candidato, pese a fallos judiciales y electorales que consideraban inconstitucional esa pretensión. Según una evaluación del Ministerio de Economía, los bloqueos de 2024 generaron pérdidas de al menos $us 3.000 millones, en un contexto preelectoral marcado por medidas de presión en febrero y entre octubre y noviembre.

Recomendación de la CIDH

Tras los conflictos poselectorales de 2019, el GIEI de la CIDH recomendó eliminar del Código Penal los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Aunque el entonces presidente Luis Arce aceptó la recomendación y presentó un proyecto de ley, este no prosperó. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional sí dio curso a la eliminación del delito de sedición.