La Fiscalía abrió una investigación contra el exdirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, y el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, por presuntas anomalías en la entrega de harina subvencionada destinada a la elaboración de pan de batalla.

El proceso se sustenta en una auditoría interna realizada durante la gestión del exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, que evidenció irregularidades en contratos firmados entre Emapa y Rubén Ríos por arrendamiento de inmuebles, servicios de transporte y provisión de harina entre 2024 y 2025. El informe MDPyEP/UAI/REL/N° 014/2025 recomendó remitir los antecedentes a Emapa para auditorías de cumplimiento separadas, considerando las características de cada proceso.

Entre las observaciones se detectó que en contratos de arrendamiento de inmuebles no existe documentación que respalde el uso de los almacenes ni pagos de alquiler, además de la ausencia de registros de ingreso y salida de mercadería. En los convenios de transporte de harina desde Caracollo hacia Oruro y La Paz se hallaron inconsistencias en fechas, horarios y datos de los choferes, así como falta de evidencia de pagos por parte de Emapa.

En cuanto a la provisión de harina, la auditoría señala que en octubre de 2024 Rubén Ríos presentó una oferta para la venta de aproximadamente 20.000 quintales de harina sin especificar calidad, procedencia ni fecha de vencimiento, incluso adjuntando un certificado caducado del Senasag. Parte del producto fue devuelto por no cumplir estándares de calidad y repuesto seis meses después, sin que se apliquen sanciones.

Asimismo, el informe advierte que Ríos habría recibido harina subvencionada durante la vigencia del contrato de provisión, pese a que existía una cláusula que lo impedía. Según los registros, el monto pagado por el exdirigente no coincidiría con la cantidad de harina recibida, lo que habría generado un beneficio indebido durante la gestión 2024.

La Fiscalía también investiga a los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani dentro de este caso, que según datos oficiales habría provocado un daño económico al Estado estimado en millones de bolivianos.