El vocero presidencial, José Luis Gálvez, lanzó una dura advertencia penal este lunes contra los cabecillas de las movilizaciones afines a Evo Morales que intentan ingresar a la sede de Gobierno. La autoridad denunció de forma pública que la dirigencia radical está instruyendo y promoviendo el uso de armamento bélico, artefactos explosivos y tácticas de coacción civil, asegurando que el Estado boliviano aplicará de forma inflexible el mayor rigor de la ley contra quienes desborden los alcances constitucionales de la protesta social.

En conferencia de prensa, el portavoz del Ejecutivo identificó de manera directa al dirigente Bernabé Gutiérrez, acusándolo de convocar formalmente a las bases movilizadas en el municipio de Achacachi para asistir a la marcha portando "todas las armas posibles", entre ellas fusiles Mauser de dotación militar, además de objetos contundentes como palos y picotas. El informe gubernamental detalla que esta cúpula dirigencial está obligando a las comunidades a financiar víveres y soporte logístico bajo la estricta amenaza de ejecutar saqueos y destrozos contra tiendas, mercados y comercios locales que se nieguen a acatar sus determinaciones.

Gálvez confirmó que el Ministerio de Gobierno ya activó las denuncias penales correspondientes, logrando que el Ministerio Público emita los primeros mandamientos de aprehensión contra los principales promotores de la violencia. La autoridad advirtió que la tipificación penal de estos procesos judiciales podría enmarcarse en delitos graves contra la seguridad del Estado, tales como terrorismo y alzamiento armado. "No hay por qué usar armas ni dinamitas. Todo aquel que porte explosivos o elementos que pongan en riesgo la vida de otras personas será arrestado y procesado", sentenció. Finalmente, ponderó que el Ejecutivo mantendrá la premisa de viabilizar el diálogo y los corredores humanitarios, destacando que el operativo del fin de semana logró abastecer a La Paz con oxígeno, GLP y fármacos con un saldo de cero víctimas fatales.