El Órgano Ejecutivo apuntó de forma directa contra el exmandatario Evo Morales, señalándolo de instrumentalizar las movilizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con el único objetivo de eludir sus responsabilidades legales. En declaraciones a la agencia EFE, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que la verdadera motivación detrás del cerco y las protestas es "esquivar" el juicio penal que pesa contra el líder cocalero por el presunto delito de trata agravada de personas.

El portavoz gubernamental enfatizó que los sectores movilizados carecen de una intención real de dialogar con el Ejecutivo, debido a que la protesta está fuertemente ligada a una estrategia de Morales para distraer a la opinión pública de su situación jurídica. Al respecto, Gálvez recordó que el exmandatario fue declarado en rebeldía hace una semana por un tribunal de Tarija tras no presentarse al inicio del juicio en su contra, donde se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad en 2016 con la que supuestamente tuvo una hija, lo que motivó la emisión de una nueva orden de aprehensión. Asimismo, el vocero señaló que Morales cuenta con procesos en el exterior, haciendo alusión a la denuncia de la Fundación Apolo en Argentina por presuntos delitos de abuso, corrupción y trata de menores presuntamente cometidos en 2020. Actualmente, el juicio en Bolivia se encuentra suspendido hasta que Morales comparezca o la Policía ejecute su captura en el trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por sus seguidores desde octubre de 2024.

Por su parte, Evo Morales se manifestó a través de medios argentinos de comunicación como AM750 y Futurock, donde argumentó que las movilizaciones responden a una "sublevación" contra las reformas económicas y el modelo impulsado por el presidente Paz. El expresidente denunció además que dos aviones Hércules enviados por Argentina para mitigar el desabastecimiento provocado por los bloqueos de carreteras transportaban en realidad "gases lacrimógenos y balines". Dicha acusación fue replicada inmediatamente por el vocero Gálvez, quien calificó las afirmaciones como "una mentira" y aclaró que las aeronaves trasladaron exclusivamente alimentos desde Santa Cruz hacia La Paz. Al cumplirse 14 días de un cerco que mantiene incomunicado al departamento paceño por parte de sindicatos campesinos, la COB y grupos afines al exmandatario, el Gobierno consideró que la medida busca la "ruptura del orden constitucional", ratificando su postura de diferenciar a los sectores con necesidades legítimas de aquellos que persiguen fines políticos fuera de la Constitución.