El Gobierno declaró Emergencia Energética y Social en todo el territorio nacional ante el proceso inflacionario, la escasez de dólares y la falta de combustibles que atraviesa el país. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 5517, suscrito por el presidente Rodrigo Paz Pereira junto a su gabinete ministerial.

Según establece la norma, la declaratoria tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, reactivar la producción y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población boliviana, afectada por la coyuntura económica.

El decreto autoriza de manera excepcional a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a precio de importación y/o pre-terminal, como parte de las acciones destinadas a asegurar el suministro continuo.

Asimismo, se dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas, con el fin de facilitar su distribución oportuna para el transporte, la producción y los sectores estratégicos del país.

La Emergencia Energética y Social tendrá una vigencia de un año, periodo durante el cual el Ejecutivo espera que las medidas adoptadas permitan avanzar hacia la recuperación económica y brindar mayor certidumbre a la población.