El Gobierno prevé iniciar en los próximos meses el cierre de entre ocho y 10 empresas públicas que actualmente se encuentran en proceso de evaluación, informó el ministro de Economía, Christian Morales. La medida forma parte de una política destinada a reducir el gasto estatal y mejorar el uso de los recursos públicos.

Morales explicó que algunas de estas empresas fueron creadas en anteriores gestiones con fines políticos o para generar empleos vinculados a bases políticas. Ante esta situación, sostuvo que el Estado debe buscar mayor eficiencia en la administración de sus recursos.

El ministro aclaró que el cierre no será igual para todas las entidades, debido a que cada una presenta condiciones particulares. Entre los aspectos que deben ser analizados están los activos, pasivos y las obligaciones relacionadas con préstamos otorgados por el Banco Central, en algunos casos con el Tesoro General de la Nación como garante.

La autoridad señaló que el Gobierno busca resolver estas obligaciones de manera adecuada para evitar futuras complicaciones legales, considerando que se trata de recursos públicos. Mientras algunas empresas podrían ser cerradas con mayor rapidez, otras podrían mantenerse en funcionamiento si la evaluación determina que existen condiciones para su continuidad.

Morales indicó que las decisiones finales serán asumidas una vez concluidos los análisis correspondientes sobre la situación de cada empresa pública.

Reducción de la burocracia

El ministro también informó que el Gobierno logró reducir aproximadamente en 30% la carga burocrática de las entidades del nivel central del Estado, incluyendo al Órgano Ejecutivo y sus entidades descentralizadas y desconcentradas.

Según Morales, este ajuste permitió generar un ahorro cercano a los Bs 2.000 millones. Estos recursos fueron destinados a otros fines, principalmente a la asignación de ítems para los sectores de salud y educación.

Subvención a los combustibles

Morales también se refirió al costo de la subvención a los combustibles, que actualmente representa una presión importante para las finanzas públicas. De acuerdo con el ministro, el Estado ejecuta alrededor de 200 millones de dólares mensuales para cubrir este concepto.

Recordó que en diciembre se aplicó un retiro parcial de la subvención, medida que, según explicó, permitió estabilizar las cuentas estatales en un contexto de precios internacionales diferentes.

Sin embargo, señaló que posteriormente factores externos provocaron un incremento en los precios internacionales de los combustibles, situación que volvió a poner en discusión la sostenibilidad del actual esquema de subvención.

Ante este escenario, el Gobierno deberá evaluar si mantiene los recursos destinados a este mecanismo o si los orienta hacia proyectos de inversión e infraestructura en sectores como salud, educación y carreteras.