Tras 27 días de caminata, una marcha indígena campesina llegó a la ciudad de La Paz con la exigencia principal de anular la Ley 1720, norma que consideran perjudicial para el acceso y control de tierras en el país.

Los movilizados, provenientes principalmente de Pando y Beni, recorrieron varios kilómetros enfrentando condiciones adversas como lluvia, frío y largas jornadas de caminata. A su arribo a la sede de gobierno, ratificaron que no retornarán a sus regiones hasta que su pliego petitorio sea atendido.

“Nosotros no vamos a regresar hasta que el Gobierno solucione nuestro pliego petitorio”, afirmó uno de los dirigentes, quien además advirtió que las medidas de presión podrían intensificarse si no son recibidos por el presidente.

Entre sus principales demandas, los marchistas exigen la abrogación inmediata de la Ley 1720, a la que vinculan con los denominados “bonos de carbono” y una posible afectación a territorios indígenas. “Esta ley atenta contra las tierras de todo Bolivia”, sostuvieron.

A su llegada a La Paz, los manifestantes fueron recibidos por ciudadanos que les brindaron alimentos, agua y apoyo moral. “Están cansados, pero seguimos apoyando con lo que podemos”, señaló una comerciante.

Los marchistas anunciaron que permanecerán en la ciudad hasta ser atendidos por las autoridades. “Pedimos que el presidente nos reciba. Si no, vamos a radicalizar nuestras medidas”, advirtieron.

Desde la Asamblea Legislativa, algunos parlamentarios expresaron su respaldo a la demanda y plantearon la realización de una nueva cumbre agraria. Por su parte, legisladores oficialistas señalaron que existe la posibilidad de diálogo y que se podría trabajar en la reglamentación de la norma como alternativa.

La movilización se concentra en el Distrito 1 de La Paz, donde los indígenas permanecen a la espera de una respuesta del Gobierno, en medio de un clima de tensión y expectativa.