Desapariciones forzadas y condiciones inhumanas: el Instituto Casla pide intervención internacional ante la escalada de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El Instituto Casla ha emitido un comunicado alarmante denunciando la crítica situación de los presos políticos en Venezuela, afirmando que el Estado continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad. La organización señala la desaparición forzada de varios detenidos en los últimos tres meses y hace un llamado urgente a la comunidad internacional.

En el comunicado, se detalla el traslado forzado de un número aún desconocido de presos políticos desde la sede del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Caracas al Internado Judicial El Rodeo 1 en Guatire, Estado Miranda. Los detenidos fueron sacados sin previo aviso a sus familiares y abogados, y se encuentran en condiciones precarias, sin acceso a agua potable, libros o medicinas.

Entre los trasladados se encuentran personas con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el General Héctor Hernández Da Costa y el Coronel Oswaldo García Palomo. El Instituto Casla recuerda que estos traslados han sido declarados como "arbitrarios" por el Grupo Contra la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

La organización también denuncia la desaparición forzada de varios detenidos en los últimos tres meses, con familiares y abogados sin poder establecer contacto ni conocer el paradero exacto de los afectados.

En su llamado a la comunidad internacional, el Instituto Casla insta a actuar ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La represión y persecución sistemática contra la población venezolana no deben normalizarse, según la organización, y el silencio ante estas violaciones puede constituir complicidad.

El Foro Penal, una ONG que monitorea la situación de los presos políticos en Venezuela, reporta que actualmente hay 264 personas detenidas por motivos políticos en el país, con un total de casi 16 mil detenidos desde 2014. La situación es cada vez más crítica, y la intervención internacional se presenta como una necesidad imperante para frenar estas violaciones a los derechos humanos.