El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, informó que la orden de apremio emitida en su contra quedó sin efecto luego de la reincorporación de 27 funcionarios municipales, en el marco de un proceso por el pago de sueldos devengados que ascienden a Bs 747.318,80.

La autoridad calificó la medida como “fuera de lugar” y anunció que presentará una nota oficial ante el Ministerio de Trabajo, al considerar que la resolución que ordenó la reincorporación de los funcionarios fue emitida fuera del marco legal y en contravención a la Constitución Política del Estado.

Fernández sostuvo que el anterior ministro de Trabajo emitió una resolución que, según afirmó, no se ajusta a la normativa vigente y que podría afectar a todas las instituciones públicas. Explicó que la Constitución establece como requisito para acceder a un cargo público la presentación de la libreta de servicio militar, condición que —según señaló— no fue cumplida por los demandantes.

En ese contexto, cuestionó que exautoridades del Ministerio de Trabajo hayan dispuesto la reincorporación de los funcionarios, pese a dicha exigencia constitucional. La autoridad municipal calificó el hecho como una irregularidad y anunció que solicitará sanciones contra los funcionarios que, a su criterio, incurrieron en un delito al emitir esa resolución.

Este martes se conoció que la jueza del Partido del Trabajo y Seguridad Social, Sonia Judith Rivas, emitió una orden de apremio contra el alcalde Fernández por la deuda económica correspondiente a los sueldos devengados a favor de los demandantes.

Finalmente, Fernández reiteró que realizará las representaciones correspondientes ante el Órgano Ejecutivo y anunció que continuará con acciones legales tanto contra el exministro de Trabajo como contra la jueza que emitió la orden de apremio, a quien acusa de incurrir en presunto prevaricato.