En una audiencia virtual instalada la madrugada de este sábado desde las 5:45, el juez Juan Carlos Montalban, titular del Juzgado 5° de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres de La Paz, resolvió negar la solicitud de un juicio de responsabilidades para el suspendido fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Según explicó a la red UNITEL el abogado de la defensa, Jerjes Justiniano, la autoridad jurisdiccional justificó su decisión señalando que los delitos imputados —tráfico de sustancias controladas y organización criminal— son considerados comunes y no están contemplados en el artículo 12 de la Ley 044 sobre el juzgamiento a autoridades del sistema judicial, por lo que Mariaca debe ser procesado mediante la vía ordinaria. Ante este fallo, la representación legal del imputado presentó un recurso de apelación.

Durante la sesión judicial, previa a la instalación de la audiencia cautelar, la defensa de las exautoridades planteó tres incidentes. Entre ellos, un incidente de excepción de incompetencia por razón de territorio, bajo el argumento de que los procesados enfrentan la causa en La Paz a pesar de residir en Santa Cruz y Sucre.

En este proceso penal también se encuentran imputados los fiscales Alberto Zeballos y Martín Urioste (referido también como Irusta), además del mayor de la Policía Rubén Aparicio, quien, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, formaba parte de la presunta estructura criminal atribuida a Mariaca. Los tres juristas fueron aprehendidos el pasado miércoles 30 de septiembre; Mariaca y Zeballos en Santa Cruz, e Irusta en Sucre, siendo todos trasladados posteriormente a la sede de Gobierno.

Los investigados comparecieron a la cita judicial de manera virtual desde las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la ciudad de El Alto, predios que cuentan con resguardo de grupos especiales de la Policía equipados con material antimotines. En el acto procesal, el Ministerio Público solicitó la aplicación de seis meses de detención preventiva en centros penitenciarios de La Paz. Esta acción penal se desarrolla luego de que la noche del viernes la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobara la suspensión definitiva de Mariaca y eligiera a José Armando Urioste como fiscal general interino.