La Policía de Jujuy reprimió con balas de goma a integrantes de la comunidad originaria Santa Rosa, en Humahuaca, durante un operativo de desalojo ordenado por el juez Juan Pablo Calderón.

Según la denuncia realizada por la diputada del PTS, Natalia Morales, el operativo dejó al menos siete personas detenidas, entre ellas mujeres y niños. De acuerdo con la información difundida, los menores fueron posteriormente liberados.

Videos publicados en redes sociales muestran el momento en que efectivos policiales avanzan con escudos y utilizan balas de goma mientras integrantes de la comunidad, entre ellos mujeres con niños, intentan resistir el operativo.

Una mujer perteneciente a la comunidad Santa Rosa denunció que los efectivos policiales impedían el ingreso de los habitantes a su territorio e incluso relató que tuvo dificultades para ingresar a su propio domicilio.

“La policía no nos deja ingresar a nuestro territorio. Están por todos lados dispersados, incluso en la playa. Yo misma tuve esa experiencia recién ingresando a mi domicilio, no me querían dejar entrar si no presentaba el documento”, señaló en un video publicado por Originarios.ar.

En el mismo testimonio, la mujer también cuestionó que la Policía provincial impidiera el paso de otras comunidades que acudieron para solidarizarse con Santa Rosa. “Esto es territorio comunitario, no deberían estar acá”, afirmó.

La situación generó además pronunciamientos de dirigentes políticas. La diputada nacional Myriam Bregman expresó su rechazo a los hechos y exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas.

Según información difundida por La Izquierda Diario, actualmente serían siete las personas detenidas: cinco mujeres y dos varones.

El medio también señaló que no sería la primera vez que la familia Soruco enfrenta una situación de estas características. De acuerdo con esa información, el juez Calderón emitió la orden de desalojo a partir de un conflicto relacionado con un supuesto error registrado en 2009 por la Dirección Provincial de Inmuebles, que habría derivado en un catastro incorrecto.

Mientras continúan los cuestionamientos al operativo, organizaciones y dirigentes políticos repudiaron lo ocurrido y reclamaron la liberación de las personas detenidas.