La Justicia determinó poner fin al proceso penal iniciado contra autoridades y líderes de Santa Cruz por el paro de 36 días realizado en 2022, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda. La determinación se conoció este viernes, después de tres años, ocho meses y nueve días desde el inicio del proceso.

El caso fue planteado el 11 de noviembre de 2022 por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso en representación del Gobierno del entonces presidente Luis Arce.

La denuncia contemplaba los delitos de racismo y discriminación, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas y terrorismo.

Entre los procesados se encontraban el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, el exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el abogado José Luis Santistevan y el actual rector de la universidad estatal cruceña, Reinerio Vargas.

Santistevan expresó su satisfacción por la extinción del proceso y cuestionó el origen y desarrollo de la causa. Según manifestó, durante el proceso no se pudo demostrar con pruebas que los involucrados hubieran cometido algún delito y sostuvo que las movilizaciones correspondían a reivindicaciones sociales y de derechos fundamentales.

El abogado también afirmó que el proceso fue utilizado para llevar a Luis Fernando Camacho a La Paz y cuestionó que Santa Cruz quedara sin su gobernador titular electo por voto popular.

Por su parte, Reinerio Vargas calificó la decisión judicial como un “beneplácito” debido al tiempo y los recursos que significó enfrentar el proceso. Señaló que la situación representó una pérdida de tiempo, dinero y salud física y emocional.

Asimismo, Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que con la finalización del proceso judicial se pone fin a cualquier tipo de persecución contra el exgobernador.

La causa había sido iniciada a raíz del paro de 36 días registrado en Santa Cruz en 2022, movilización que tuvo como demanda la realización del Censo de Población y Vivienda.