La crisis política y social que atraviesa el territorio nacional continúa concentrando la atención de la comunidad internacional. La Comunidad Andina (CAN), a través de un comunicado oficial emitido de forma conjunta por su Presidencia Pro Tempore y su Secretaría General, expresó su profunda preocupación por la coyuntura boliviana e hizo un llamado vehemente para que las diferencias sectoriales existentes sean canalizadas y resueltas estrictamente dentro del marco constitucional y democrático. El pronunciamiento del organismo subregional se suscita en medio de una ola de movilizaciones y demandas de renuncia dirigidas contra el presidente de la nación, Rodrigo Paz, quien asumió la conducción del Estado el pasado 8 de noviembre.

El documento oficial enfatiza la necesidad imperiosa de preservar la estabilidad institucional de Bolivia mediante mecanismos de concertación pacífica. "La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General consideran fundamental que la actual coyuntura sea abordada mediante un diálogo político constructivo, amplio y pacífico, que permita generar consensos y preservar la estabilidad institucional, en pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades democráticamente electas", reza el manifiesto de la CAN, respaldando así la continuidad del orden legalmente constituido.

Alerta por vandalismo y afectación a servicios esenciales: Asimismo, el tribunal y cuerpo ejecutivo andino manifestó su abierta alarma ante la escalada de hechos violentos y las severas alteraciones al orden público registradas durante las últimas protestas, señalando que estas acciones han afectado de manera directa el normal funcionamiento de las instituciones y la prestación de los servicios esenciales para la población boliviana.

El reporte institucional de la CAN toma en cuenta los recientes disturbios que derivaron en saqueos a comercios, la quema de vehículos patrulleros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), así como los destrozos materiales de consideración perpetrados contra las instalaciones del Ministerio de Trabajo y diversas dependencias del Ministerio de Educación en medio de los enfrentamientos callejeros. Ante este panorama, el organismo internacional concluyó subrayando que la convivencia pacífica y el respeto irrestricto al orden constitucional son los principios fundamentales que sustentan los procesos democráticos en los países de la subregión, instando a todos los actores involucrados a actuar con cautela, responsabilidad y apego a las leyes.