Luego de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y de otras autoridades del Ministerio Público, el vicepresidente Edmand Lara pidió que las actuaciones se desarrollen conforme a la Constitución, las leyes y el debido proceso.

Lara sostuvo que las denuncias por corrupción, narcotráfico u otros delitos deben ser investigadas y, si corresponde, sancionadas, pero remarcó que las aprehensiones deben realizarse bajo la dirección funcional del Ministerio Público y respetando los procedimientos establecidos.

El vicepresidente también se refirió a la eventual ausencia o impedimento del fiscal general y afirmó que el Presidente no puede designar mediante decreto a un fiscal general interino. Según su pronunciamiento, la Constitución establece que la designación del titular corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios de votos, mientras que la Ley 260 contempla el régimen de suplencias y el orden de prelación dentro del Ministerio Público.

Asimismo, Lara rechazó que agentes policiales extranjeros, incluida la DEA, puedan ejercer funciones de aprehensión dentro del territorio boliviano al margen de la legislación nacional. Señaló que, cuando una persona sea requerida por la justicia de otro país, deben activarse los mecanismos de cooperación judicial y, cuando corresponda, de extradición.

El pronunciamiento se conoció después de la aprehensión de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quienes fueron interceptados en el aeropuerto de Viru Viru. En paralelo, el fiscal superior Luis Montaño anunció que asumiría temporalmente la Fiscalía General por el régimen de suplencias previsto en la Ley 260.