Tras la orden de aprehensión emitida contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, legisladores de oposición exigieron este viernes un control eficiente por parte de Dirección General de Migración para evitar que exautoridades investigadas evadan a la justicia.

El diputado Pedro Javier Vaca, de Unidad, señaló que si existen indicios de responsabilidad y un mandamiento de aprehensión vigente, este debe ejecutarse de manera inmediata. Indicó que es necesario que la justicia opere, que el Ministerio Público actúe y que el control migratorio sea eficiente para garantizar que los mandamientos de aprehensión se cumplan.

En la misma línea, la senadora Ana María Crispín afirmó que toda exautoridad, sin importar su jerarquía, debe responder ante la justicia. Manifestó que existe malestar en el país debido a que varias exautoridades no acuden a declarar, alegan problemas de salud o se mantienen ocultas para evitar procesos judiciales.

Por su parte, la senadora Soledad Chapetón sostuvo que los casos recientes evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control migratorio y el relacionamiento internacional, con el objetivo de prevenir posibles fugas y asegurar que las investigaciones avancen sin obstáculos. Añadió que una política de relacionamiento internacional puede contribuir a la ubicación de personas investigadas.

Los legisladores coincidieron en que las alertas migratorias no son suficientes si no están acompañadas de acciones oportunas y una coordinación efectiva entre la Policía, el Ministerio Público y las autoridades de control fronterizo.

La orden de aprehensión contra Serrudo fue emitida por el fiscal Aldo Mesa dentro de un proceso por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. La exautoridad es investigada por presuntas irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del edificio institucional de la Aduana en Tarija, donde se estima un daño económico superior a los Bs 10 millones. Además, enfrenta otro proceso por la presunta adquisición irregular de dos escáneres para la entidad aduanera, en el que se le atribuyen delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.