La Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en el tratamiento de una ley corta que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público para establecer un mecanismo de suspensión definitiva del Fiscal General del Estado cuando se encuentre formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar personal por delitos penales.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa modifica el artículo 25 de la Ley 260 y establece que la Asamblea Legislativa podrá disponer la suspensión definitiva del titular del Ministerio Público con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes en sesión ordinaria.

La propuesta también contempla que, en la misma sesión en la que se determine la suspensión, el Legislativo pueda designar a un Fiscal General interino. Esta autoridad ejercería las funciones hasta que la Asamblea designe al titular conforme al procedimiento establecido en la Constitución.

El tratamiento de la norma se desarrolla en medio de la situación del fiscal general Róger Mariaca, quien se encuentra aprehendido e imputado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El proyecto busca establecer un procedimiento específico para situaciones como la que actualmente enfrenta la máxima autoridad del Ministerio Público.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, el Fiscal General interino tendría entre sus atribuciones prioritarias desmantelar estructuras criminales vinculadas a las causas que hayan motivado la suspensión definitiva. También se contempla la posibilidad de reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos de investigación especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente.

La propuesta surge a partir del vacío normativo señalado en torno a la situación del Fiscal General cuando enfrenta una imputación y una medida cautelar personal. La actual Ley 260 establece mecanismos de suplencia para casos de impedimento, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo, pero el proyecto plantea incorporar una regulación específica para la suspensión definitiva en estas circunstancias.

Una vez que el proyecto sea tratado por la Cámara de Diputados, deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual promulgación y entrada en vigencia.

La iniciativa permitirá que el Legislativo defina un mecanismo para la continuidad de las funciones del Ministerio Público mientras se resuelve la situación de la autoridad titular.