Con apenas un 12% de participación, el proceso de elección de jueces en México se ve empañado por irregularidades, falta de legitimidad y severas críticas de expertos y magistrados.

La ciudadanía mexicana dio un contundente mensaje de desconfianza el pasado domingo al ausentarse masivamente de las urnas durante las elecciones judiciales impulsadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con una participación que apenas alcanzó el 12%, analistas califican el proceso como un fracaso que carece de legitimidad democrática y representa un duro golpe político para el partido oficialista Morena.

Para la magistrada Emilia Molina, el proceso fue "desaseado, ilegal, con una reversión histórica de garantías democráticas". En su evaluación, no solo se comprometió la independencia judicial, sino que también se vulneraron principios básicos del derecho electoral.

Los errores e irregularidades fueron evidentes desde el inicio. El conteo de los votos para los 881 cargos en disputa tomará al menos diez días, el más largo en la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, no se permitió la participación de ciudadanos como observadores del escrutinio, eliminando una conquista clave de la sociedad civil desde los años noventa.

Entre las anomalías reportadas por Molina, destacan la presión sobre adultos mayores para que votaran bajo la amenaza de perder su pensión, el reparto de “acordeones” con nombres de candidatos proporcionados por agentes de Morena, y la asistencia indebida para llenar boletas. A ello se suman papeletas mal diseñadas, regiones con candidaturas únicas y postulantes con antecedentes penales o vínculos con el narcotráfico.

Además, se violaron criterios fundamentales de representatividad. Tribunales con competencia nacional, como los especializados en temas económicos o de telecomunicaciones, fueron elegidos solo por residentes de la Ciudad de México. El trasfondo del proceso, según los expertos, distorsiona el papel del Poder Judicial, que debería estar alejado de la política partidaria.

A juicio de Molina, el INE no anulará los resultados pese a las evidentes irregularidades: "El INE está amenazado y en partes cooptado", advirtió, sin descartar que el Gobierno responsabilice al instituto para justificar una reforma que busque controlarlo aún más.

Aunque la baja participación refleja un rechazo social, el Gobierno federal obtiene una ganancia política. Juan Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM, considera que “ética y políticamente es una derrota para Morena, pero ganan poder”. Esto debido a que los candidatos fueron seleccionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos controlados por Morena, lo que anticipa una mayoría oficialista tanto en la Corte Suprema como en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

En los cargos menores, las interferencias fueron aún más preocupantes, con participación de gobernadores y hasta del crimen organizado. Incluso se presentó una exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán como candidata.

Ambos especialistas se muestran escépticos sobre cualquier mejora sustancial para el sistema de justicia. Con una impunidad del 95%, el enfoque exclusivo en los jueces parece insuficiente. Para Garza Onofre, “es una reforma miope y minimalista que no mejorará nada para el ciudadano común”. Molina coincide: “El 90% de los delitos no se denuncian y, de los que sí, el 90% no se investigan”.

Para muchos, este proceso electoral no solo representa una oportunidad perdida, sino también una amenaza a la democracia judicial en México.