Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) expresaron este viernes su rechazo al proyecto de ley antibloqueos y calificaron como una “provocación” la prohibición del uso de material explosivo, como la dinamita, en movilizaciones sociales. Según el sector, esta medida busca criminalizar la protesta social, un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado.

El presidente de Fencomin, Jusue Caricari, sostuvo que calificar al material explosivo como un arma en el contexto de las protestas desconoce la realidad y la historia del país. Recordó que los mineros han utilizado estos instrumentos como parte de sus mecanismos de defensa durante épocas de dictadura y en procesos de reivindicación social.

En conferencia de prensa, el dirigente afirmó que el sector minero cooperativista no representa únicamente a un gremio, sino que forma parte del tejido social y productivo del país. En ese marco, señaló que el desarrollo económico de Bolivia, especialmente en el occidente, fue posible gracias al aporte histórico de la minería a lo largo del siglo XX.

Caricari manifestó que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, junto a sus federaciones departamentales y regionales, se mantendrá atenta ante cualquier intento de la Asamblea Legislativa o del Gobierno de restringir el derecho a la voz, a la protesta y al reclamo, tal como lo establece la Constitución.

Asimismo, anunció que Fencomin presentará su posición ante el Senado y las instancias correspondientes. Advirtió que no permitirán la aprobación de decretos o disposiciones que fracturen a los sectores sociales, vulneren el derecho a la protesta o atenten contra la Constitución Política del Estado, así como contra normativas y resoluciones de organismos internacionales.

El dirigente también cuestionó que el proyecto de ley antibloqueos avance sin un proceso de consenso y exhortó a las autoridades a abrir espacios de diálogo con los sectores sociales, señalando que este tipo de medidas profundizan la confrontación. “No nos quiten el derecho a la voz y a reclamar”, enfatizó.