Las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia dejaron un balance mixto, según el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que valoró la alta participación ciudadana, pero advirtió debilidades normativas que deben corregirse antes de la segunda vuelta del 19 de abril.

La misión de observación electoral, liderada por Cindy Quesada Hernández, destacó que más del 85% del electorado acudió a las urnas en un proceso que permitió elegir 2.716 autoridades entre gobernaciones, alcaldías y cuerpos legislativos subnacionales.

De acuerdo con el reporte, la jornada se desarrolló en un clima de tranquilidad y logró habilitar el 99,9% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por tensiones previas, como la designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tribunales departamentales en plena etapa electoral, lo que generó cuestionamientos sobre la estabilidad institucional.

El informe también observó la inhabilitación masiva de candidaturas, ya que cerca del 75% de las más de 34.000 postulaciones fue inicialmente descartado por incumplimientos administrativos o legales. Esta situación derivó en confusión en la ciudadanía, debido a que algunas candidaturas aparecían en papeletas pese a no estar habilitadas, lo que incidió en altos niveles de voto nulo.

Durante la jornada electoral se registraron incidentes puntuales, entre ellos errores en la distribución de papeletas en Santa Cruz, que afectaron a 97 mesas y a cerca de 23.000 votantes, lo que obligará a repetir la votación en esas circunscripciones.

En el ámbito tecnológico, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) procesó más de 67.000 actas y funcionó sin interrupciones, permitiendo difundir resultados la misma noche de la elección, lo que fue valorado positivamente por la OEA. No obstante, se identificaron limitaciones como la falta de publicación de actas por mesa en tiempo real.

El informe también señaló desigualdades en el financiamiento político, debido a la ausencia de recursos públicos en estos comicios, lo que deja la competencia sujeta a aportes privados.

En cuanto a la participación femenina, se evidenció que, pese a avances normativos, solo el 14% de las candidaturas a alcaldías y el 9% a gobernaciones fueron ocupadas por mujeres.