La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido una enérgica declaración, manifestándose "horrorizada" por los efectos de la reciente operación policial en las favelas de Río de Janeiro, Brasil. La intervención, dirigida contra el crimen organizado, se saldó con un saldo de más de 120 fallecidos, entre ellos varios agentes de las fuerzas de seguridad y numerosos residentes de las comunidades marginadas.

La alta cifra de víctimas civiles refuerza la tendencia de consecuencias letales derivadas de los operativos policiales en comunidades densamente pobladas y marginadas de Brasil. La ONU subraya que este tipo de acciones, que resultan en masacres, victimiza a residentes y agentes por igual, y revela el fracaso de las políticas de seguridad implementadas en la región.

El organismo internacional ha instado a las autoridades brasileñas a asumir sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, exigió una investigación "rápida y eficaz" de los hechos para determinar las responsabilidades por las muertes ocurridas y asegurar que no haya impunidad.

La preocupación de la ONU se centra en que la estrategia de seguridad de Río de Janeiro, enfocada en la confrontación, no está generando mayor seguridad para la población, sino que, por el contrario, fomenta la inseguridad y la violencia. La denuncia internacional añade presión sobre el gobierno del estado para revisar sus políticas de combate al crimen organizado.