La jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social 8° de Santa Cruz, Sonia Judith Rivas Rojas, emitió un mandamiento de apremio contra el alcalde Max Jhonny Fernández Saucedo por el incumplimiento de pago de beneficios laborales. La orden judicial establece que la autoridad edil debe ser capturada por la Policía Boliviana y trasladada al Centro de Rehabilitación Palmasola hasta que se haga efectivo el pago de Bs 747.318,80 en favor de un numeroso grupo de exfuncionarios municipales.

El documento oficial, identificado bajo el expediente 209/25, surge como resultado de un proceso laboral social seguido contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. La justicia determinó que el alcalde, en su calidad de representante legal de la institución, es el responsable directo de subsanar los sueldos devengados que se adeudan a más de 25 demandantes, quienes iniciaron la acción legal tras no recibir sus remuneraciones correspondientes.

La suma millonaria debe ser cancelada íntegramente a favor de ciudadanos como Fernando Rosales, Roger Maceda, Juan Claure, entre otros trabajadores que figuran en la lista de beneficiarios. El mandamiento instruye su ejecución con habilitación de días y horas hábiles, lo que faculta a los agentes del Comando Departamental de la Policía a proceder con la detención del burgomaestre en cualquier momento para su posterior ingreso a la sección de varones de la cárcel de Palmasola.

La providencia judicial se sustenta en una resolución emitida el pasado 5 de enero de 2026, tras agotarse las instancias de conciliación y plazos para el desembolso voluntario de los recursos. Según los antecedentes, la deuda corresponde a salarios que no fueron cancelados durante gestiones pasadas y que, tras el proceso judicial, han derivado en esta medida extrema de apremio corporal contra la máxima autoridad ejecutiva del municipio cruceño.

Finalmente, el mandamiento emitido este 13 de enero de 2026 cuenta con todas las formalidades de ley y firmas correspondientes de la secretaría del juzgado. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del equipo jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para conocer si se procederá al pago inmediato del monto adeudado para evitar que el alcalde sea recluido en el recinto penitenciario.