Un juez determinó enviar al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, al penal de Cantumarca en el departamento de Potosí, con detención preventiva por un lapso de seis meses. La medida se enmarca en la investigación que enfrenta por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

La audiencia cautelar de carácter virtual se instaló a las 05:00 de este sábado y concluyó cerca de las 21:00 horas. En el mismo acto procesal, la autoridad jurisdiccional definió la situación jurídica de los demás coimputados: el exfiscal Alberto Zeballos fue remitido al penal de El Abra en Cochabamba; el exfiscal Martín Irusta al recinto penitenciario de Patacamaya en La Paz; y el mayor de la Policía, Rubén Aparicio, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en Viacha.

El abogado de la defensa, Jerjes Justiniano, precisó que el juez consideró la concurrencia de la probabilidad de autoría y la existencia de aproximadamente cinco riesgos procesales para disponer el encarcelamiento preventivo en los distintos centros penitenciarios del país. Previamente, la defensa de los procesados había presentado incidentes legales para frenar el desarrollo del acto cautelar —entre ellos un pedido de juicio de responsabilidades para Mariaca bajo la Ley 044—, los cuales fueron rechazados por el juez en las primeras horas del proceso.

Roger Mariaca fue aprehendido la noche del pasado miércoles junto a Zeballos en el aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz, para luego ser trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en El Alto. Durante el operativo de captura, Mariaca tenía en su poder Bs 19.850 y $us 2.100, además de dispositivos electrónicos secuestrados como dos teléfonos iPhone (un 17 Pro Max azul oscuro y un 17 Pro negro), una tablet iPad Pro con funda gris oscuro, lentes de trabajo y diversa documentación. Según la imputación formal presentadas por el Ministerio Público, a Mariaca se lo acusa de haber utilizado su cargo para brindar protección al presunto capo del narcotráfico uruguayo Sebastián Marset, facilitando el almacenamiento, ingreso y salida de sustancias controladas en el país.