El Gobierno endureció su postura frente al paro anunciado por el sector panificador y anunció sanciones inmediatas contra quienes incumplan el acuerdo vigente para mantener el precio del pan a Bs 0,50 la unidad.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, lamentó que la dirigencia del sector no haya asistido a una convocatoria formal al diálogo, y acusó a sus representantes de buscar un conflicto con fines políticos.

“Enviamos una nota formal para reunirnos con los panificadores junto con Emapa, pero no se presentaron. Eso demuestra que su interés ya no es económico ni social, sino político”, declaró Silva.

El Viceministerio anunció que como primera medida, se aplicará una sanción directa: quienes no trabajen no recibirán los cuatro quintales de harina que les corresponden diariamente. Asimismo, se remitirá un informe al Ministerio Público para que se investigue a dirigentes que, según denuncias recibidas, estarían desviando insumos subvencionados —como harina, azúcar, manteca y levadura— para venderlos a precios superiores en el mercado informal.

“El convenio con los panificadores establece claramente el precio de Bs 0,50 por unidad y el peso de 60 gramos. Los precios de los insumos no han cambiado, la harina de 50 kilos sigue en Bs 109, cuando en el mercado abierto cuesta Bs 290. Esto la población tiene que saberlo”, enfatizó el viceministro.

Pese a las tensiones, Silva afirmó que el Gobierno seguirá apelando al diálogo como vía principal de solución, y que se coordinarán nuevas instancias para retomar las conversaciones.

El paro del sector panificador ocurre en un contexto económico complejo, marcado por una inflación contenida a través de subsidios estatales y una creciente presión en el abastecimiento de productos básicos, especialmente harina.

Las recientes dificultades logísticas, atribuibles a bloqueos y escasez de diésel, han complicado la entrega de insumos, aunque Emapa informó que las distribuciones continúan con demoras.