Los diputados Carlos Alarcón, de Unidad, y Alejandro Medinaceli, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), expusieron posiciones encontradas sobre la norma que fija un precio diferenciado del diésel para grandes consumidores, en un escenario donde sectores agropecuarios, transportistas y comerciantes exigen la abrogación de la medida. Frente a los reclamos, el Gobierno nacional sostiene que la disposición no se puede eliminar, aunque ha mostrado apertura para realizar modificaciones.

Durante su intervención en La Revista de UNITEL, el diputado Medinaceli defendió la norma argumentando que se trata de un "sinceramiento" de la economía promovido por el presidente Rodrigo Paz, tras un periodo de más de dos décadas con precios congelados. Al ser consultado sobre la posibilidad de rebajar impuestos a los carburantes, el legislador rechazó la idea afirmando que el país debe regirse por estándares regionales y que recortar tributos en la cadena de importación iría en contra de la normativa vigente.

Por su parte, el diputado Alarcón calificó de "falso debate" la discusión entre abrogar o modificar el decreto, argumentando que cualquier cambio sustancial equivale a elaborar una norma totalmente nueva. El parlamentario advirtió que insistir en mantener el decreto sin modificaciones de fondo podría generar un conflicto similar al ocurrido con la Ley 1720 sobre conversión de tierras. Como solución estructural, Alarcón propuso impulsar una ley corta de reforma parcial a la Constitución para retirar el monopolio de comercialización a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).