El sector agropecuario de Tarija vuelve a expresar preocupación por la falta de avances concretos en temas que consideran importantes para mantener la capacidad productiva del departamento. Entre los principales reclamos se encuentran la renovación del sistema de riego de San Jacinto, el acceso a insumos agrícolas y el control de la intermediación en la comercialización de alimentos.

Uno de los principales puntos de atención es el Proyecto Múltiple San Jacinto, cuya infraestructura de conducción de agua tiene varias décadas de funcionamiento. Los regantes plantearon nuevamente la necesidad de renovar y ampliar la tubería principal, además de gestionar mecanismos de financiamiento para concretar la obra.

Un estudio mencionado por los representantes del sector estableció una inversión aproximada de Bs 500 millones para ejecutar el proyecto. Sin embargo, hasta el momento no existe una solución definitiva para el recambio de la infraestructura, que es considerado uno de los asuntos pendientes de mayor impacto para la producción del valle central.

La ampliación del sistema también permitiría incrementar la superficie bajo riego. Actualmente se atienden alrededor de 3.000 hectáreas y unas 1.500 familias, mientras que una infraestructura ampliada podría llevar el área cultivable hasta aproximadamente 10.000 hectáreas y beneficiar a más de 3.500 familias.

A las dificultades relacionadas con el agua se suman los costos de producción. Organizaciones de productores han advertido sobre el encarecimiento de insumos agrícolas y las dificultades para acceder a productos necesarios para las campañas productivas.

En el sector vitivinícola, por ejemplo, se reportaron problemas para adquirir agroquímicos y fungicidas destinados a la preparación de las plantaciones, además de incrementos considerables en sus precios. Estas condiciones pueden afectar la planificación de nuevas campañas y reducir el margen económico de los productores.

Otro de los reclamos está relacionado con la intermediación. Productores campesinos han denunciado diferencias entre los precios que reciben por sus productos en origen y los valores que pagan los consumidores en los mercados.

En 2024, organizaciones del sector solicitaron controles sobre los intermediarios y plantearon una mayor utilización de mecanismos de referencia como el Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (CRAMA). Los productores consideran necesario fortalecer los canales de comercialización directa y mejorar los mecanismos de información y control de precios.

La disponibilidad de agua también genera preocupación ante posibles periodos de menor disponibilidad hídrica. En septiembre de 2026, representantes de los regantes plantearon avanzar en proyectos de almacenamiento y otras obras destinadas a enfrentar esta situación, debido a que una reducción del agua para riego podría afectar la producción y los precios de los alimentos.

La infraestructura de San Jacinto tiene además una incidencia importante en el valle central, donde el sistema permite irrigar miles de hectáreas destinadas a cultivos como vid, papa, cebolla y hortalizas, con impacto en numerosas familias dedicadas a la actividad agropecuaria.

Ante este panorama, los productores demandan que las medidas de apoyo al sector se traduzcan en acciones concretas y resultados verificables. Sus planteamientos abarcan la renovación de los sistemas de riego, el acceso a insumos, la comercialización y el control de los factores que inciden en el precio final de los alimentos.

Para el sector, estos problemas también tienen relación con el empleo rural, la actividad económica de las comunidades productoras y el abastecimiento de los mercados urbanos. Por ello, plantean la necesidad de definir prioridades, asegurar financiamiento y establecer mecanismos de seguimiento para las soluciones propuestas.