Presentar una denuncia falsa contra un docente, directivo o integrante del personal de apoyo educativo podría ser castigado con hasta nueve años de prisión y una multa económica de entre 100 y 500 días de salario mínimo, según una iniciativa presentada por el diputado José Reveriano Marín ante el Congreso del estado de Veracruz, en México.

La propuesta legislativa busca incorporar el artículo 333 Bis al Código Penal de Veracruz con el propósito de sancionar a quienes formulen acusaciones falsas contra trabajadores del sector educativo. De acuerdo con el legislador, la medida pretende brindar mayor protección jurídica a maestros, directores y personal administrativo que, en algunos casos, han visto afectada su reputación y su estabilidad laboral a raíz de denuncias que posteriormente resultaron infundadas.

El diputado sostuvo que este tipo de acusaciones puede generar consecuencias personales y profesionales para los docentes, incluso cuando las investigaciones concluyen que no existió responsabilidad alguna. Además del impacto en su imagen pública, señaló que estas situaciones también pueden provocar afectaciones emocionales y poner en riesgo la continuidad de su carrera profesional.

La iniciativa establece que las personas que sean encontradas responsables de presentar denuncias falsas podrían enfrentar penas de entre varios años de cárcel y sanciones económicas, dependiendo de la gravedad del caso y de lo que determine la autoridad judicial.

El proyecto apenas inicia su trámite legislativo y deberá ser analizado y debatido por las comisiones correspondientes del Congreso de Veracruz antes de ser sometido a votación. Durante ese proceso podrían incorporarse modificaciones o ajustes al texto original.

La propuesta también ha generado distintas reacciones. Mientras sus impulsores consideran que fortalecerá la protección legal del personal educativo frente a acusaciones falsas, otros sectores advierten que la iniciativa deberá analizarse cuidadosamente para garantizar que no limite el derecho de las personas a denunciar hechos que consideren constitutivos de un delito.