Un alto funcionario iraní aseguró este martes a Reuters, bajo condición de anonimato, que alrededor de 2.000 personas han muerto en las recientes protestas que sacuden al país, cifra que supera ampliamente los reportes de organismos independientes y de derechos humanos. El responsable atribuyó las muertes tanto de civiles como de miembros de las fuerzas de seguridad a “terroristas”.

Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó estar “horrorizado” por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos. Según fuentes de la ONU en el terreno, “cientos de personas” han sido asesinadas desde el inicio de las protestas, las mayores desde 2022.

“Este ciclo de violencia horrenda no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchadas”, declaró Türk mediante un comunicado leído por el portavoz de la oficina, Jeremy Laurence. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que se aplique la pena de muerte a los miles de manifestantes arrestados durante la represión.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en respuesta al aumento de precios y rápidamente se convirtieron en un cuestionamiento directo al régimen clerical. Según el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 573 personas han muerto —503 manifestantes y 69 miembros de las fuerzas de seguridad— y más de 10.000 han sido detenidas. Irán no ha publicado un balance oficial y Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras.

A pesar de la magnitud de la revuelta, analistas y fuentes diplomáticas consideran que el régimen probablemente resistirá, salvo que la presión internacional y las protestas provoquen deserciones dentro de la cúpula del poder. La estructura de seguridad del país, sostenida por los Guardianes de la Revolución y la milicia paramilitar Basij, con cerca de un millón de efectivos, dificulta una coerción externa sin fracturas internas.

Expertos señalan que para un cambio profundo, los manifestantes deberían mantener una presión prolongada en las calles y lograr fracturas dentro del aparato estatal. Esta es la quinta gran revuelta desde 2009, lo que refleja la resiliencia del régimen pese a la crisis económica y política que enfrenta.

El país atraviesa uno de sus desafíos más graves desde 1979, con sanciones económicas, presión internacional y un debilitamiento de su red de aliados en la región. En medio de la escalada de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró amenazas de intervención militar en apoyo a los manifestantes, mientras la ONU advirtió sobre los riesgos de instrumentalización de las protestas.