La prueba de ADN prevista para este viernes en Cochabamba, en el marco de la investigación sobre la presunta paternidad del presidente Luis Arce con la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, fue suspendida sin fecha definida. La medida fue solicitada por el abogado de la denunciante, Patricio Vargas, quien explicó que el procedimiento requiere la presencia de los tres involucrados: la madre, el hijo y el denunciado, así como un consultor técnico que garantice la cadena de custodia.

Vargas señaló que solo se estaba considerando tomar muestras de la madre y del menor, lo que no cumple con el protocolo de toma de muestras establecido. “Necesariamente tienen que estar las tres personas. Tiene que ser una sola muestra, y se debe realizar un análisis comparativo integral, tal como corresponde”, precisó el abogado en declaraciones recogidas por radio Pío XII de la Red ERBOL. Además, Lafuente solicitó que un consultor técnico esté presente durante el procedimiento para verificar que se cumpla la cadena de custodia.

El caso surgió a raíz de la denuncia presentada por Brenda Lafuente, quien acusa al mandatario de haberla abandonado durante su embarazo y de no asumir responsabilidad sobre su hijo, nacido en 2024. La controversia se conoce mientras el presidente Luis Arce se encuentra en ejercicio de sus funciones y ha declarado que asumirá su defensa con abogados particulares, luego de enterarse del caso por medios de comunicación.

Hasta el momento, no hay una nueva fecha para la realización de la prueba, ya que se deben completar los trámites de notificación a todas las partes involucradas. La suspensión refleja la importancia de cumplir con los protocolos técnicos en procedimientos de ADN que tienen implicaciones legales y personales significativas, especialmente en casos de presunta paternidad.

Este caso se mantiene bajo seguimiento público, ya que involucra a un mandatario en ejercicio y a un procedimiento judicial sensible, que requiere precisión técnica para garantizar la validez de los resultados y proteger los derechos de todas las partes implicadas.