Este lunes 23 de marzo de 2026, Italia vive una jornada crucial con la celebración de un referéndum constitucional que busca modificar profundamente la estructura del Poder Judicial. La propuesta, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, ha polarizado al país entre quienes defienden la imparcialidad del sistema y quienes temen una pérdida de independencia frente al Ejecutivo.

Los tres pilares de la reforma constitucional La reforma planteada por el gobierno de coalición de derecha no es un ajuste menor, sino una reingeniería de varios artículos de la Constitución italiana basada en tres ejes:

Separación de carreras: Actualmente, jueces y fiscales pertenecen al mismo cuerpo judicial y pueden intercambiar funciones. Con la reforma, cada magistrado deberá elegir su especialidad desde el inicio de su carrera, sin posibilidad de cambio.

Fragmentación del Consejo Superior de la Magistratura (CSM): Las funciones de gobierno y administración de los jueces dejarán de estar centralizadas en un solo órgano, repartiéndose en tres entes distintos.

Creación de la Alta Corte Disciplinaria: Se busca centralizar la supervisión y sanción de los funcionarios judiciales bajo este nuevo organismo, lo que para críticos podría facilitar la presión política sobre jueces incómodos.

¿Independencia o control gubernamental? Para Giorgia Meloni, la reforma es indispensable para garantizar que el fiscal y el juez sean figuras totalmente distintas, asegurando la imparcialidad en los procesos. Sin embargo, la oposición y expertos como Sabrina Ragone (Universidad de Bolonia) advierten riesgos:

Conexión con el Ejecutivo: Al separar totalmente a los fiscales del cuerpo judicial, se teme que el Ministerio Público termine bajo una mayor influencia o "conexión" con el Ministerio de Justicia a largo plazo.

Debilitamiento institucional: La fragmentación del órgano rector de la magistratura podría debilitar los muros de protección que hoy evitan las injerencias políticas en las investigaciones.

Impacto en el ciudadano y riesgo político A pesar de la magnitud de la reforma, los expertos coinciden en que no tendrá un impacto directo en la rapidez de la justicia para el ciudadano común; los procesos y tiempos procesales seguirán siendo los mismos.

Para Meloni, el referéndum es una apuesta de alto riesgo. La historia reciente de Italia recuerda que el rechazo a un referéndum constitucional en 2016 provocó la caída del entonces primer ministro Matteo Renzi. Tras los intentos fallidos de Silvio Berlusconi en la década de 2000, Meloni busca consolidar un cambio que marcará el futuro de la democracia italiana.