El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, luego de que el Legislativo aprobara su censura por no asistir a una interpelación relacionada con las políticas del Gobierno frente a la crisis económica.

La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, que establece la designación interina de Oscar Mario Justiniano, hasta entonces titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, como nuevo ministro de Economía.

Espinoza fue censurado por el Congreso después de no presentarse a una citación para explicar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. El exministro había solicitado la reprogramación de la interpelación, argumentando que tenía previstos viajes oficiales a Santa Cruz y Brasil. Su pedido fue rechazado por 91 de los 129 parlamentarios presentes, quienes votaron a favor de la censura.

La Constitución boliviana establece que la censura parlamentaria implica la destitución del funcionario. Asimismo, la Ley 1350 señala que, una vez comunicada la censura al presidente, corresponde proceder con la destitución en un plazo de 24 horas.

Gobierno cuestionó la censura

El Gobierno sostuvo que la resolución de censura es inconstitucional, al interpretar que la Constitución exige el respaldo de dos tercios de los miembros de la Asamblea y no solamente de los parlamentarios presentes en la sesión.

Ese mismo día, Espinoza anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para consultar sobre la legalidad de la censura y su eventual destitución.

El decreto firmado por Paz señala que se presentó una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera de El Alto fijó una audiencia para el 24 de agosto para tratar el caso.

La norma también aclara que los antecedentes comunicados al Ejecutivo sobre la audiencia no establecen la existencia de una medida cautelar o disposición expresa que suspenda los efectos de la resolución de censura.

Por ello, al haberse cumplido el plazo establecido por la Ley 1350, el Gobierno determinó la destitución de Espinoza, sin perjuicio de las decisiones que posteriormente adopte la Sala Constitucional sobre la censura.