Los incendios forestales en Bolivia han consumido cerca de 4 millones de hectáreas en lo que va del año, una extensión comparable al territorio de Suiza.

A pesar de los esfuerzos, los bomberos no logran controlar la expansión del fuego, por lo que se ha solicitado ayuda internacional.

Brigadistas de Brasil y Chile han arribado al país, y se espera la llegada de más equipos de Venezuela y Francia.

Con 74 incendios activos solo en el departamento de Santa Cruz, el gobierno ha movilizado helicópteros y avionetas fumigadoras, aunque su capacidad es limitada.

El humo ha provocado una emergencia sanitaria en varias regiones, afectando la visibilidad y obligando a la suspensión de clases en seis departamentos.

En Santa Cruz de la Sierra, el Índice de Calidad del Aire ha superado los 400, considerado peligroso para la salud.

La Chiquitanía ha sido la región más afectada, y comunidades enteras han tenido que ser evacuadas.

El gobierno ha declarado emergencia nacional y alerta sanitaria, lo que facilita el acceso a recursos internacionales para combatir el fuego.

Organizaciones civiles han salido a las calles exigiendo la abrogación de leyes que permiten los desmontes y quemas controladas, prácticas que a menudo se salen de control y son una de las principales causas de los incendios.

Desde la oposición, se busca revocar las leyes que permiten estas prácticas agrícolas.

En tanto, el Ministerio de Medioambiente y Agua informó que el 60% de la superficie quemada corresponde a pastizales, mientras que el 40% afecta zonas boscosas.

Aunque existen prohibiciones temporales, las sanciones son insuficientes para frenar las quemas.

El gobierno enfrenta críticas por la falta de fiscalización y las penas leves aplicadas a quienes provocan incendios.

En un reciente caso, un hombre fue liberado tras iniciar un incendio con la condición de plantar 100 árboles, lo que refleja las limitaciones del sistema judicial frente a esta crisis ambiental.