Carlos Vargas Siles recibió una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto por el feminicidio de la locutora Diana Porcel Landívar, ocurrido el 5 de febrero de 2022. Aunque inicialmente el crimen fue presentado como un suicidio, las exhaustivas investigaciones del Ministerio Público, respaldadas por pruebas forenses, desvelaron la cruda realidad: Diana fue brutalmente asesinada.

El Tribunal 10° de Sentencia, tras analizar las evidencias en el juicio, concluyó que la joven fue estrangulada en su habitación con un cinturón, utilizando una puerta de ropero como punto de apoyo. Aunque Vargas insistió en su inocencia, las pruebas forenses y testimonios clave demostraron su responsabilidad en el crimen.

El fiscal Daniel Ortuño confirmó que la sentencia de 30 años de prisión fue dictada para Vargas, quien no podrá acceder a beneficios de indulto. La decisión fue recibida con alivio por la familia de Diana, especialmente su madre, quien había solicitado la máxima pena por el feminicidio de su hija. "El tribunal ha dictado sentencia condenatoria por feminicidio, imponiendo 30 años de presidio sin derecho a indulto", expresó Ortuño.

Vargas había permanecido en prisión preventiva desde marzo de 2022, mientras se desarrollaba la investigación. La sentencia fue emitida oficialmente el 20 de diciembre de 2024, cerrando un capítulo doloroso para la familia de Diana y marcando una victoria en la lucha contra la violencia de género en Bolivia.

El caso, que inicialmente fue tratado como un suicidio, cobró un giro dramático cuando la investigación reveló que Diana había sido asesinada por estrangulamiento. La autopsia oficial confirmó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica. Además, se conoció que Diana había estado embarazada ocho meses antes de su muerte y había sido forzada a abortar.

Durante el juicio, Vargas negó haber cometido el crimen, y relató que intentó salvar a Diana al encontrarla con marcas rojas en el cuello y los labios morados. Sin embargo, los hechos y las pruebas demostraron lo contrario.

Esta sentencia representa un paso importante en la lucha contra el feminicidio en Bolivia, un país que aún enfrenta graves problemas de violencia de género. La condena de Vargas envía un mensaje claro: la justicia debe prevalecer, y las víctimas de feminicidio merecen reparación.