Asesores del presidente Donald Trump han elaborado una serie de planes que van desde operaciones limitadas hasta acciones destinadas a forzar la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro, según fuentes administrativas. Entre las alternativas figuran ataques aéreos contra instalaciones militares, envíos de fuerzas de operaciones especiales para capturar o neutralizar a Maduro, y planes para controlar pistas y campos petroleros estratégicos. Estas opciones se discuten en medio de un marcado aumento del despliegue militar estadounidense en la región.

La Casa Blanca aún no ha tomado una decisión definitiva. Funcionarios citados por medios señalan que Trump se muestra renuente a autorizar operaciones que puedan poner en riesgo a tropas estadounidenses o resultar en un fracaso diplomático y militar; sin embargo, parte de su círculo más cercano presiona por acciones más agresivas para forzar un cambio de gobierno.

En paralelo, el Departamento de Justicia trabaja en una orientación legal destinada a sostener operaciones más allá de los ataques navales contra embarcaciones que, según la administración, estarían vinculadas al narcotráfico. Funcionarios esperan que ese análisis pueda sostener la calificación de Maduro y de sus principales responsables de seguridad como integrantes del denominado “Cartel de los Soles”, argumento que la administración ha utilizado para justificar medidas punitivas y que complicaría las antiguas prohibiciones legales contra la eliminación de jefes de Estado.

El reforzamiento militar estadounidense incluye ya la presencia de miles de efectivos, múltiples buques de guerra y actividades aéreas demostrativas. La llegada prevista del portaaviones USS Gerald R. Ford —el más avanzado de la flota estadounidense— aumentará considerablemente la capacidad operativa en la zona y es vista por analistas como un elemento disuasorio y de presión política sobre Caracas. Estas maniobras y ataques previos contra lo que Washington califica de “barcos narcotraficantes” han provocado cuestionamientos legales y críticas internacionales por su letalidad y por la ausencia de autorización legislativa explícita del Congreso.

Analistas advierten que cualquier intento de derrocar a Maduro conllevaría serios riesgos militares, legales y políticos: no hay garantías de éxito, el vacío de poder podría desestabilizar más al país y los argumentos jurídicos que buscaría esgrimir la administración serán sometidos a un fuerte examen nacional e internacional. Además, persiste la pregunta de qué plan de gobernanza seguiría a un eventual reemplazo del régimen y cómo se protegerían los intereses y la seguridad regionales.