La Casa Blanca acusa al Supremo brasileño de censura y persecución política; revoca visados a jueces y sus familiares

En una decisión que eleva la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil, el presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 40% sobre productos brasileños, elevando los aranceles totales al 50%. La medida, que entrará en vigor en siete días, fue anunciada por la Casa Blanca como respuesta a lo que el mandatario calificó como una “cacería de brujas” contra su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro.

La administración Trump acusa al gobierno brasileño de llevar a cabo una persecución política sistemática que atenta contra los derechos humanos y la libertad de expresión. El documento firmado por el presidente señala directamente al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de utilizar su cargo para intimidar y censurar a opositores políticos, entre ellos ciudadanos y residentes estadounidenses.

Entre las acusaciones, se incluyen la emisión de centenares de órdenes de censura contra críticos, la imposición de multas millonarias y la amenaza de excluir a compañías estadounidenses del mercado brasileño. En uno de los casos citados, el gobierno estadounidense denuncia que se congelaron los activos de una empresa de EE.UU. en territorio brasileño. Además, se hace referencia al uso de procesos penales contra estadounidenses por opiniones emitidas fuera de Brasil, como el caso de Paulo Figueiredo.

La Casa Blanca argumenta que estas acciones afectan directamente a empresas tecnológicas estadounidenses, que se han visto presionadas para modificar sus políticas internas y entregar información sensible de sus usuarios. En este marco, el gobierno de Trump sostiene que la respuesta comercial busca proteger la soberanía económica, la libre expresión y los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Como parte de las represalias, se anunció la revocación inmediata de visados a Alexandre de Moraes, otros jueces del Supremo brasileño y sus familiares directos. La medida sigue la política de “America First”, que establece que la política exterior estadounidense debe priorizar la seguridad y derechos de sus ciudadanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había implementado desde el 28 de mayo restricciones de visado para personas implicadas en actos de censura contra la libertad de expresión protegida por las leyes de Estados Unidos.

La nueva ofensiva comercial y diplomática contra Brasil refleja una escalada en las tensiones bilaterales, en un contexto marcado por el control de la información digital, la polarización política y la defensa de los derechos civiles. Washington reafirma así su postura de respaldo a las empresas nacionales y su compromiso con los principios democráticos como pilares de su política internacional.