El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que el Órgano Electoral no permitirá la vulneración del principio de preclusión ni la interrupción del calendario electoral en curso, y remarcó que ninguna acción constitucional puede retroceder etapas ya cumplidas del proceso electoral. La autoridad señaló que el calendario registra un avance significativo y que el TSE tiene la obligación de hacer cumplir la ley, garantizando la participación únicamente de aquellas organizaciones políticas que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Ávila realizó estas declaraciones en conferencia de prensa, en referencia a las acciones constitucionales presentadas por los partidos políticos ADN y UCS, de este último aún a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional. En el caso de ADN, recordó que el TSE determinó desde el año pasado, tras concluir la primera vuelta electoral, la pérdida de su personería jurídica por no alcanzar el 3 % de la votación. Indicó que fue ese partido el que acudió al Tribunal Constitucional, paralizando el trámite, aunque aclaró que la determinación del Órgano Electoral nunca cambió ni fue modificada.

El presidente del TSE enfatizó que la ley debe aplicarse de manera general y sin excepciones, subrayando que no se puede permitir que una organización política que no cumpla la normativa participe junto a otras que sí tienen su personería jurídica vigente. Asimismo, convocó a las autoridades judiciales a respetar los pronunciamientos emitidos para garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad.

En ese contexto, Ávila recordó que la semana pasada, en la ciudad de Sucre, representantes del Tribunal Supremo Electoral, del Órgano Judicial y del Ministerio Público suscribieron un acuerdo interinstitucional para garantizar la organización de las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo sin interrupciones ni interferencias externas. Este acuerdo, denominado Acuerdo interinstitucional para el fortalecimiento del sistema democrático y la coordinación interinstitucional, establece once conclusiones, entre ellas el respeto irrestricto a los principios de legalidad y preclusión.