El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que más de 200 casos de detenidos con plazos vencidos de detención preventiva ya han sido identificados a nivel nacional. La iniciativa busca descongestionar el sistema judicial y abordar uno de los problemas más críticos del país, respondiendo a una demanda histórica de respeto al debido proceso y a los plazos legales.

Saucedo precisó que esta cifra es solo inicial, ya que cada Tribunal Departamental de Justicia se encuentra recabando datos para realizar una jornada de descongestionamiento en sus respectivas regiones. El objetivo es consolidar un informe final que será remitido al TSJ en los próximos días, con una estimación de conclusión de este trabajo para la próxima semana.

La iniciativa del TSJ surge como una respuesta directa a los constantes reclamos de las personas detenidas y, de manera específica, a la instrucción de verificar los plazos de medidas cautelares en los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, lo que puso en evidencia la necesidad de una revisión general del sistema.

Para formalizar y guiar este proceso, el TSJ emitió el Instructivo Nº 19/2025, que establece lineamientos claros para verificar que las medidas cautelares de detención preventiva no excedan los plazos establecidos por ley. La medida busca garantizar que los derechos de los procesados sean respetados y que la detención no se convierta en una pena anticipada.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha respaldado la iniciativa, recordando que la situación de la detención preventiva en el país es alarmante. Según datos de junio de 2025, el 58.2% de las 33,274 personas privadas de libertad en Bolivia se encuentran bajo esta medida cautelar, a la espera de un juicio o una resolución definitiva, lo que subraya la urgencia de estas acciones judiciales.