La vacación judicial colectiva inició este 9 de diciembre en Santa Cruz y se extenderá hasta el 5 de enero de 2026, según lo establecido por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Durante este periodo, jueces, vocales y personal administrativo tanto de capital como de provincias harán uso de su descanso anual, mientras que los tribunales y juzgados de turno en materias penal, civil y familiar permanecerán habilitados para atender casos urgentes.

La circular 38/2025, firmada por el presidente del TDJ, Aldo Quezada, establece que la vacación se ejecutará en dos grupos con el fin de garantizar la continuidad del servicio judicial. Una vez que el primer grupo retorne el 5 de enero, el personal que estuvo de turno ingresará a su descanso correspondiente por dos semanas. Los plazos procesales quedan suspendidos durante este periodo y se reactivarán automáticamente en enero.

Quezada aseguró que el servicio de justicia será ininterrumpido en todo el departamento, destacando el funcionamiento de salas especializadas, juzgados y equipos de apoyo. En su evaluación anual, informó que la carga procesal disminuyó un 39% en 2025, con resultados favorables en todas las materias, tanto en salas constitucionales como ordinarias, y en juzgados de capital y provincias.

El presidente del TDJ reconoció que el sistema judicial enfrenta dificultades estructurales, pero calificó como positivo el balance de la gestión. Señaló que algunos juzgados incluso llegaron a cero casos pendientes. En materia penal destacó cuatro operativos de descongestionamiento en recintos penitenciarios de capital y provincias, con avances importantes, especialmente en Camiri.

Déficit de jueces y presupuesto

Quezada identificó como principal desafío la falta de jueces y recursos. Explicó que, según estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un juez debería atender como máximo a 5.000 personas, pero en Santa Cruz la carga es 700% mayor. Además, lamentó que el presupuesto del Órgano Judicial “no llega ni al 1%” del Presupuesto General de la Nación, lo que incluso ha dificultado la compra de insumos básicos.

El Consejo de la Magistratura gestiona una mayor asignación presupuestaria, mientras que el TDJ insiste en la necesidad de crear nuevos juzgados y designar más jueces para responder a la demanda creciente en el departamento.