El asambleísta departamental por la provincia Yacuma, Carmelo Antelo, advirtió que la falta de gasolina y diésel está afectando directamente a los sectores productivos del Beni y poniendo en riesgo la producción agropecuaria del departamento.

Antelo participó en una reunión convocada por el Comité Cívico del Beni, en la que participaron autoridades, productores, ganaderos, arroceros, transportistas, comerciantes y otros sectores sociales para analizar la situación energética de la región.

“El Beni está en una emergencia energética, no tenemos líquidos, no hay gasolina, no hay diésel”, afirmó el legislador.

Según Antelo, los productores tienen recursos invertidos en la campaña agrícola y necesitan combustible para completar sus actividades. En ese sentido, sostuvo que la falta de diésel afecta directamente a la producción y a la generación de recursos para la economía del departamento.

“El combustible es la sangre del desarrollo”, manifestó.

El representante de Yacuma señaló además que su provincia respaldará de manera “contundente” las medidas de presión que determine la institucionalidad beniana si el Gobierno nacional no garantiza una solución al desabastecimiento.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentra un eventual paro departamental, medida que, según Antelo, tendría el respaldo de su provincia si no existen respuestas a las demandas planteadas.

El asambleísta recordó que Yacuma concentra una importante actividad ganadera y que la escasez de combustibles también afecta a otros sectores productivos del departamento.

Asimismo, informó que desde la Asamblea Legislativa Departamental se presentó un proyecto para que el Beni pueda contar con una distribución independiente de hidrocarburos, iniciativa que, según explicó, podría fortalecer las gestiones del departamento ante el nivel central.

Antelo indicó que el Beni requiere aproximadamente 10 millones de litros mensuales de gasolina y 13 millones de litros de diésel para responder a sus necesidades y avanzar hacia una mayor producción de granos y actividad agropecuaria.

También planteó que, si el Estado no tiene capacidad para garantizar el abastecimiento, deberían generarse condiciones que permitan una mayor participación privada en la importación de combustibles.

El asambleísta cuestionó además la respuesta del Gobierno ante la crisis y recordó que la población aceptó los reajustes en los precios con la expectativa de contar con un suministro regular.

Finalmente, advirtió que las consecuencias de la escasez de combustible no se limitan al sector productivo, debido a que cualquier incremento o falta de carburantes termina repercutiendo en el transporte, los insumos y la canasta familiar.

“¿Quién paga eso? El ciudadano”, concluyó.