YPFB Refinación S.A. ha lanzado una grave alerta sobre una serie de resoluciones judiciales emitidas en Santa Cruz que debilitan la investigación del denominado caso INDUESTE. Según la estatal, estos fallos obstaculizan la recuperación de más de 1.000 millones de bolivianos, recursos que habrían sido comprometidos a través de contratos irregulares para la provisión de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel.

El conflicto se remonta a abril de 2024, cuando la anterior administración flexibilizó el Reglamento de Garantías, permitiendo pagos anticipados millonarios a la empresa Agroindustrial del Este – INDUESTE SRL. Pese a los millonarios desembolsos, la entrega de materia prima fue sustancialmente inferior a lo pactado, ocasionando un perjuicio económico directo al Estado. En 2026, la actual gestión inició acciones legales, pero se encontró con decisiones judiciales calificadas como "cuestionables" por la falta de notificación a YPFB Corporación, vulnerando su derecho a la defensa.

La denuncia apunta específicamente a la jueza Ximena Flores, quien aceptó una excepción de incompetencia en favor de la empresa privada, a pesar de registrar 14 antecedentes disciplinarios por faltas graves y gravísimas. Esta decisión fue ratificada por los vocales Reynaldo Sánchez y Ernesto Aponte en una audiencia convocada de manera inusual en solo 72 horas. Ante este panorama, Jorge Plaza, Director de Auditoría Interna de YPFB Refinación S.A., exigió una investigación rigurosa, señalando que la justicia debe garantizar la protección del patrimonio de todos los bolivianos.