Presencia policial mínima en la toma ilegal de tierras y la Fiscalía dice que constituirá una comisión

 Presencia policial mínima en la toma ilegal de tierras y la Fiscalía dice que constituirá una comisión

Testigos y víctimas de la toma ilegal de tierras reclaman una mayor presencia de las autoridades. El gobernador pide la asistencia de la Policía y el Ministerio Público. Se tendría identificados a los autores

Los últimos hechos relacionados con tres avasallamientos de tierras, dos en Santa Cruz y uno en Pando, han generado una ola de críticas contra la Policía Boliviana y el Ministerio Público por una supuesta pasividad de las autoridades ante estos sucesos que han estado cargados de violencia. Desde la institución verde olivo aseguraron que investigan estos hechos, mientras que en la Fiscalía indicaron que formarán una comisión de fiscales.

Testigos y víctimas de los hechos ocurridos en estos tres lugares: el Centro Turístico Kim por la refinería de Palmasola, una propiedad ubicada en Guarayos, y un aserradero en el departamento de Pando, han denunciado que hay escasa presencia policial y además hasta la fecha no hay aprehendidos.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo un llamado a la Policía Boliviana y la Fiscalía para frenar estos avasallamientos, sobre todo en la propiedad de la familia Kim. “Como Gobernación hemos hecho el respectivo reclamo para que la Policía y la Fiscalía se puedan movilizar porque lamentamos la ausencia de acciones de estas autoridades”, dijo la autoridad.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, informó que se inició una investigación por los avasallamientos en el centro turístico y Ascensión de Guarayos. El jefe policial señaló que ambos casos están bajo conocimiento de la Fiscalía, además de que cuentan con pruebas, se colectó evidencias y la identificación de las personas que ingresaron a los predios. 

Los delitos por los que estos sujetos fueron denunciados son lesiones graves y gravísimas, amenazas, allanamientos a domicilios y avasallamiento.
A su vez, el fiscal departamental Roger Mariaca indicó que se está a la espera del informe del fiscal de Guarayos, para poder conformar una comisión del Ministerio Público para que realice una investigación más exhaustiva.

Accionar policial, en duda

En el predio de la familia Kim, que se encuentra avasallado desde finales de octubre, el domingo dos de sus trabajadores, uno de ellos plagiado por dos horas, fueron amedrentados y golpeados. Dos vehículos policiales llegaron hasta el lugar, pero pese a la denuncia de los propietarios, los uniformados no realizaron ninguna acción contra los agresores, que se encontraban a pocos metros del lugar.

Con referencia a lo ocurrido en Guarayos, el presidente de la Central Inter Étnica Ascensión (CIEA), Juan Yomo, recordó que tras el avasallamiento ocurrido en la propiedad Las Parabas donde fueron amedrentadas siete personas y se quemó maquinaria pesada, la Policía llegó al lugar únicamente a realizar un trabajo preventivo y recolectar evidencias.

“La Policía apareció después de la quema, a los dos días. Fueron, miraron y después se retiraron”, indicó Yomo, quien adelantó que posiblemente hoy, a las 18:00, se sostenga una reunión con los cabecillas de los avasalladores.

El representante de la CIEA cree que los avasalladores son personas que han llegado de San Julián, Cerro Chico y Santa María.
El sábado, esa central emitió un voto resolutivo donde se da 48 horas, a partir del lunes, para que los avasalladores abandonen ese predio. En el documento se indica que si la Policía y el INRA ignoran el voto resolutivo, “el pueblo guarayo hará uso de su derecho sobre su territorio ancestral y hará respetar ese derecho de acuerdo a nuestros usos y costumbres, y realizará el desalojo que corresponda”.

El presidente del Comité Cívico de Ascensión de Guarayos, Salvador Vaca, dijo que es necesario que la comisión de fiscales que vaya a investigar el caso radique en esa población porque si no va a ocurrir lo mismo que para el caso de Las Londras.

“Ese fue un saludo a la bandera y una burla al pueblo porque la comisión de fiscales, en su mayoría, estaba en Santa Cruz. Por eso se necesita una comisión permanente del Ministerio Público. También es necesario que se tenga un juez de turno que se dedique solamente a las causas relacionadas con los avasallamientos”, dijo Vaca.

En Pando, las personas que ingresaron a la barraca San Miguel continúan en el predio y han levantado un puesto de control para evitar el trabajo de los zafreros en el lugar. Los avasalladores pertenecen a la central Sena San Lorenzo, que forma parte de la Confederación Campesina Amazónica. Unos 15 efectivos policiales se encuentran cerca al lugar.

Fuente: El Deber

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