Solo el 3% de personas con discapacidad accede a formación universitaria

 Solo el 3% de personas con discapacidad accede a formación universitaria
Solo el 3% de personas con discapacidad accede a formación universitaria

Un 4% de personas con capacidades diferentes llegó a la formación técnica. La Defensoría pide modificar la Ley Avelino Siñani para eliminar la segregación que sufren los discapacitados en el sistema educativo

Las personas con discapacidad son excluidas y segregadas del sistema educativo boliviano. La Defensoría del Pueblo realizó una investigación en la que se revela que solo el 3% de los ciudadanos con capacidades diferentes logró acceder a estudios universitarios. Además, solo un 4% de esta población tiene formación técnica. Este estudio también muestra que los centros educativos en el país no tienen condiciones para que las personas con discapacidad puedan estudiar. Las autoridades nacionales y regionales están en alerta y prometen cambios. 

La defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, presentó el informe sobre la situación de las personas con capacidades diferentes al interior del sistema educativo. La autoridad sugirió al Gobierno modificar la Ley Avelino Siñani.

“Hay un problema estructural que radica en la propia Ley Avelino Siñani, pues hace una segregación entre las personas que tienen discapacidad y las personas que no la tienen. Además, se han puesto una suerte de trabas o requisitos para que una persona con discapacidad pueda ingresar al subsistema de educación regular, y se señala que ellos deben tener una educación especial. Esto en el mundo y la región es ilegal”, detalló la autoridad defensorial. 

En Bolivia existen 90.631 personas con discapacidad registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd). Según Cruz, el 65% de esta población tiene cero nivel de instrucción o solo accedió a niveles primarios. 

Según estos datos, 27.025 personas, que representan el 30% de discapacitados, no tienen ningún grado de instrucción educativa y 31.507, que significa el 35%, cursaron únicamente el nivel primario. Además, del total, solo 13.310 o el 15% llegaron a secundaria.

Pero llama la atención sobre los bajos porcentajes que alcanzaron las personas con discapacidad respecto a la formación superior, ya que solo 3.625 personas, que constituye el 4%, cuentan con formación técnica, y 2.718, que es el 3% de este sector, lograron estudios universitarios.
“Se tiene que cambiar la Ley Avelino Siñani. Se tiene que ajustar la estructura del área de educación de nuestro país, para que los centros de educación regular, como ocurre en otros países, vayan incorporando a las personas con discapacidad”, dijo Cruz. 

La investigación fue elaborada con información recabada en el Ministerio de Educación, en las nueve direcciones departamentales de educación, en 26 direcciones distritales de educación, en 18 gobiernos autónomos municipales, en 39 unidades educativas fiscales y de convenio y en 25 centros de educación especial.

Piden modificaciones a la ley

La existencia de dos subsistemas educativos, el regular y el alternativo y especial, está contemplada en la Ley 070, que es la de Educación Avelino Siñani, lo que refleja que el Estado no cumplió con su obligación de eliminar las desventajas estructurales que permiten la exclusión o la segregación. Esta separación, asimismo, conlleva el riesgo de que se legitime de manera indirecta la segregación de esta población, insistió Cruz. 

Esta segregación revela que persisten los condicionamientos para que los estudiantes con discapacidad se incorporen al subsistema de educación regular, como la necesidad de presentar valoraciones médicas o psicopedagógicas para permitir que estos ingresen a las mismas aulas que el resto de los estudiantes. 

Además, otro de los aspectos encontrados en la investigación que llama la atención es que la infraestructura educativa, tanto en el subsistema regular como en el alternativo o especial, no está adecuada para esta población en situación de vulnerabilidad, “lo que implica que el Estado ha incumplido su obligación de asumir medidas para eliminar progresivamente obstáculos y barreras de acceso físico a infraestructuras educativas, así como barreras actitudinales”. 

Este estudio encontró que el 69% de unidades educativas del sistema de educación regular no cuenta con rampas de acceso para la población con discapacidades, que el 72% carece de pasos peatonales al ingreso de las construcciones, que el 82% no presenta baños adecuados para estudiantes con capacidades diferentes y que el 92% no dispone de barandas de apoyo para esta población. 

Además, el 85% de los espacios que se usan como bibliotecas en estos centros educativos son inadecuados, el 77% de los talleres de laboratorio no reúnen condiciones de accesibilidad y el 74% de las salas de computación no reúnen condiciones físicas de acceso para este grupo poblacional.

Desde el Ministerio de Educación se explicó a este medio que existen planes y programas para la población con discapacidad y que el equipamiento de centros especiales -en muchos casos- depende de alcaldías y gobernaciones.
La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Sandra Cruz, en un evento público en julio, explicó que existen diversos programas para las personas con capacidades diferentes. La autoridad detalló que se repartieron textos educativos, materiales didácticos como calendarios y discos compactos en Lenguaje de Señas Bolivianas (LSB), además de ábacos lineales, figuras geométricas e instrumentos musicales a 47 centros de educación especial.

“Con la entrega de este material didáctico se apoya el proceso educativo de nuestras niñas y niños, además garantizamos su derecho a una educación inclusiva”, resaltó la viceministra Cruz. 

En el caso de las escuelas del sistema de educación alternativo, según el informe defensorial, en 25 centros de educación especial el 76% no cuenta con paso peatonal, el 64% no tiene rampa de acceso a las aulas, a salas de estimulación sensorial, a la biblioteca ni a otros ambientes. Además, la Defensoría advirtió que el 40% de estos centros no dispone de espacios adaptados a las necesidades de los estudiantes y que el 32% carece de espacios recreativos aptos para personas con discapacidad.

En el 59% de estos mismos centros los servicios higiénicos no fueron adaptados a las necesidades de los estudiantes con capacidades diferentes, ya que carecían de barandas accesorias, los baños eran antiguos, pequeños e improvisados. También se demostró que en el 21% de estos centros los lavamanos no reunían las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

“Es una pena que las personas con discapacidad no tengan condiciones para poder estudiar. Se hace un llamado a todas las autoridades, ya sean nacionales o subnacionales, para que se mejoren las condiciones en los centros educativos, sobre todo los llamados a cobijar a esta población. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional existen normas que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, y uno de ellos es el derecho a la educación”, destacó José Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana (CC). 

Por su parte, el presidente de la comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, Gustavo Vega, de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), adelantó que se pedirán informes para verificar, sobre todo, las condiciones en las que están los centros de educación especial.
Las personas con capacidades diferentes tienen los mismos derechos que cualquiera y uno de ellos es el derecho a la educación. Estos centros deberían reunir condiciones para necesarias para las personas con discapacidad”, detalló el diputado Vega.

Fuente: El Deber

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