La deuda interna del Tesoro General de la Nación se consolidó como la principal carga financiera del Estado al cierre de 2025, al alcanzar más de Bs 231.419 millones, equivalentes a aproximadamente 33.250 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Esta cifra duplicó el nivel de la deuda externa, que concluyó la gestión con un saldo de 13.028 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía.

Del total de la deuda interna, Bs 153.998 millones corresponden a obligaciones con el sector público, principalmente con el Banco Central de Bolivia, que se posicionó como el mayor financiador del Estado.

Este respaldo se canalizó mediante bonos del Tesoro no negociables y créditos de emergencia otorgados por el ente emisor, lo que fortaleció su rol como fuente directa de financiamiento fiscal.

Especialistas advirtieron que el crecimiento acelerado de la deuda interna representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal del país.

Indicaron que este endeudamiento equivale a más del doble de la deuda externa y que, al sumar ambos compromisos, el nivel total de deuda se aproxima al 90 por ciento del Producto Interno Bruto.

Además, señalaron que una parte significativa del financiamiento interno se sostuvo mediante emisión monetaria, lo que presiona las finanzas públicas y limita la capacidad del Estado para destinar recursos a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.

El incremento de la deuda interna se intensificó hacia el final de 2025, especialmente en los meses de noviembre y diciembre, cuando el Banco Central otorgó recursos adicionales al Tesoro para cubrir obligaciones corrientes, entre ellas sueldos y aguinaldos.

Esta dinámica se mantuvo ante la falta de aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa, lo que obligó al Ejecutivo a recurrir al financiamiento interno.

En paralelo, la deuda del Tesoro con el sector privado ascendió a Bs 77.422 millones, concentrada principalmente en la colocación de títulos públicos en el mercado financiero.

La mayor parte de estos recursos provino de bonos del Tesoro de mediano y largo plazo adquiridos por bancos, inversionistas institucionales y la Gestora Pública, lo que refleja una alta dependencia del sistema financiero nacional.