En el marco del proceso judicial por el caso del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), los acusados solicitaron que se declare la improcedencia del juicio ordinario en su contra y que el caso sea tramitado mediante un juicio de responsabilidades.

El documento sostiene que la devolución anticipada del crédito del FMI por parte del Gobierno de Luis Arce, realizada pese a contar con aval legislativo, generó un perjuicio económico al Estado boliviano de aproximadamente 24 millones de dólares. Según el informe, esta decisión fue ejecutada por el Banco Central de Bolivia (BCB), basándose en informes técnicos que recomendaban devolver los recursos para evitar mayores costos por variaciones cambiarias y “restablecer la soberanía económica”.

La defensa argumenta que, de haberse mantenido el cronograma original de pagos hasta 2025, el país habría ahorrado cerca de 18,8 millones de dólares debido a la devaluación del DEG (Derechos Especiales de Giro) frente al dólar, además de 4,7 millones por concepto de intereses y comisiones.

“El daño económico señalado por la Fiscalía no se originó en la contratación del préstamo, sino en la decisión posterior de devolverlo de forma anticipada”, afirma el documento. En ese sentido, los abogados defensores señalan que las autoridades que ordenaron dicha devolución deben ser identificadas y sometidas a un proceso correspondiente, bajo la figura de juicio de responsabilidades.

Asimismo, se cuestiona la legalidad del proceso penal en curso, citando una sentencia constitucional de 2024 que estableció que la vía adecuada para juzgar a exautoridades es la Asamblea Legislativa. En respaldo a esta postura, la defensa menciona la existencia de dos leyes —la Ley 1267 del Presupuesto General del Estado 2020 y la Ley 1293 de abril de 2020— que autorizaban expresamente la contratación de deuda externa para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

El informe fue presentado en un contexto en el que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró que “en Bolivia no habrá ningún perseguido” y que el Órgano Judicial “no será un instrumento de persecución política”.

Entre los acusados se encuentran el exministro de Economía José Luis Parada y exautoridades del Banco Central de Bolivia, como Guillermo Aponte, Walter Morales, Roger Banegas y José Gabriel Espinoza, quienes aseguran que no se generó daño económico durante su gestión y que actuaron conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Actualmente, la defensa ha presentado un amparo constitucional para solicitar que el proceso sea reconducido conforme a la ley.