Tras una ola de críticas, el gobierno de EE.UU. revierte su decisión y permite la reactivación del programa de defensa legal para menores indocumentados.

La Administración Trump ha dado marcha atrás en una de sus medidas más controvertidas en materia migratoria. Tres días después de anunciar el fin del programa que ofrecía representación legal a menores indocumentados que cruzaron la frontera sin compañía, el Gobierno ha decidido restablecerlo.

El anuncio fue recibido con alivio por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. “Damos la bienvenida a la noticia de que se ha levantado la orden de suspender el trabajo en el Programa de Niños No Acompañados de Acacia”, declaró Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro para la Justicia Acacia.

El martes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó a Acacia la interrupción de los fondos públicos destinados a proveer asistencia legal a los menores. Sin embargo, en menos de 72 horas, el Gobierno envió otra comunicación autorizando la continuidad del programa, sin ofrecer explicaciones sobre el cambio de postura.

Acacia representa a unos 26.000 niños bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), brindándoles abogados, intérpretes y orientación sobre sus derechos en los tribunales de inmigración. La suspensión temporal del programa generó una fuerte respuesta de organizaciones de derechos humanos y ciudadanos, quienes en 48 horas enviaron más de 15.000 cartas al Congreso exigiendo la restauración del servicio.

La política migratoria del Gobierno también ha incluido nuevas medidas, como la recolección de huellas digitales de los adultos que residen en las casas de acogida de los menores, lo que podría desalentar a familiares indocumentados a recibirlos.

“Con este levantamiento de la orden de suspensión del trabajo, nuestra labor está lejos de terminar. Estamos en un momento crítico para garantizar que ningún niño se vea obligado a navegar solo por nuestro sistema de inmigración”, advirtió Aber.